Como todos sabréis, las mutuas son empresas creadas y financiadas por otras empresas, cuya misión es pagar las bajas médicas y pensiones de incapacidad permanente de los trabajadores empleados por sus financiadoras. Normalmente, las mutuas cubren las bajas y prestaciones de incapacidad derivadas de accidente de trabajo, aunque hay empresas que también contratan con ellas las derivadas de enfermedad común. Resumiendo: la empresa ingresa en la mutua el dinero que debía ingresar en la Seguridad Social para cubrir esas contingencias, y la mutua sustituye a la seguridad social en las competencias de dar la baja y el alta médica al trabajador, así como controlar su proceso de incapacidad temporal (si bien con ciertas particularidades, ya que la mutua no puede dar altas médicas por enfermedad común, sino sólo por accidentes de trabajo).
Eso sí, la Seguridad Social tiene reconocida una posición de garante respecto de las altas que la mutua da (en los casos de accidente de trabajo) o propone (en los casos de enfermedad común). Cuando la mutua propone, la Seguridad Social debe confirmar o revocar el alta en un exiguo plazo de 5 días, y si no responde se entiende confirmada. Este plazo fue impuesto en la última reforma legislativa sobre la materia (hecha en 2014) con toda la mala leche del mundo. Los políticos del PP que impulsaron la reforma sabían que la Seguridad Social no tiene tiempo material de contestar al aluvión de propuestas de alta que hacen las mutuas diariamente en un plazo tan mínimo, y por tanto constituyó un obsceno regalo a las mutuas que ha permitido validar decenas de miles de altas sin el necesario examen previo.
Y cuando la mutua da el alta por accidente de trabajo, el trabajador tiene 11 días para impugnarla ante la Seguridad Social, que en este caso ya cuenta con un plazo más amplio y razonable para estudiar y resolver la impugnación.
Como es obvio, las mutuas quieren gastar el menor dinero posible, y por eso son muy reacias a dar bajas a los trabajadores, al igual que muy raudas a la hora de darles el alta. Pero en el último año, he detectado un considerable aumento de su desvergüenza. Así, me ha tocado impugnar un montón de altas médicas por accidente de trabajo que directamente eran infames. Trabajadores del campo con fracturas óseas recientes y hernias sin operar a quienes volvían a mandar al tajo, una chica que perdió (no sabemos aún si definitivamente) la visión de un ojo y debía conducir un vehículo para su empresa...en fin, altas que clamaban al cielo.
Pues bien, la Seguridad Social revocó la práctica totalidad de ellas y ordenó a las mutuas que siguieran pagando. La respuesta de las mutuas en casi todos los casos fue la misma: citar inmediatamente al trabajador con el medico de medicina general que le hacía las revisiones ordinarias en la mutua Y VOLVER A DARLE EL ALTA LA MISMA SEMANA EN QUE RECIBIERON LA REVOCACIÓN DE LA PRIMERA. Sin mayores exámenes médicos, sin pruebas...simplemente con un informe de medio folio emitido por el médico generalista donde dice que ha mejorado mucho y puede trabajar. Obviamente, hemos impugnado las nuevas bajas.
Es miserable dar el alta a un trabajador en plena rehabilitación por una operación de espalda que se dedica a recoger limones. Pero resulta directamente abyecto volver a darle el alta la misma semana en que la Seguridad Social revocó la primera, sin hacerle más pruebas que la ridícula cita con el médico generalista (por supuesto, el trabajador seguía en rehabilitación).
El problema está en que todo esto no tiene consecuencias para las mutuas. Pueden seguir dando altas indebidas hasta el infinito sin sufrir ninguna sanción. Y si el trabajador no conoce sus derechos (o no tiene dinero para un abogado), no las impugnará y se encontrará con que debe ir al campo a recoger fruta sin ser capaz de tenerse en pie.
Las mutuas nunca debieron existir, simplemente porque no puedes dar el control sobre bajas que cuestan dinero a las empresas privadas que van a pagar ese dinero, y que emplean una lógica económica donde la salud del trabajador no tiene sitio. Pero si se empeñan en mantenerlas, al menos que les impongan sanciones ejemplares por estas atrocidades. Por ejemplo, 10.000 euros por cada alta indebida, y 30.000 por cada doble alta indebida a un mismo trabajador.
De lo contrario, seguirán jugando con la salud y la vida de la gente, pues su actual posición es óptima. Si al trabajador se le olvida impugnar o no sabe que debe hacerlo, ganan. Y si impugna y se revoca el alta, no tienen más que darle otra la misma semana. Ellas no pierden nada. El trabajador, por el contrario, se juega su integridad física y pierde en cada partida el dinero que debe pagar a su abogado por la nueva reclamación, y que muchas veces no tiene. La lógica de privilegiar al fuerte y desproteger al débil que inspira tantas leyes, pero elevada a la enésima potencia a costa de sacrificar los bienes más preciados de millones de trabajadores.
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