Los estadounidenses aprobaron en 2003, durante la presidencia de George W.Bush, la ley «Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization», en la que ampliaban una muy necesaria prestación de medicamentos a través de Medicare, el programa sanitario para jubilados y discapacitados que, junto a Medicaid, conforma el limitado sistema de salud pública del que disponen en Estados Unidos.
Entre otras cosas, los republicanos se aseguraron de incluir en esa ley una disposición que prohibía al sistema Medicare la posibilidad de negociar los precios de los medicamentos con las compañías farmacéuticas, obligando de hecho a aceptar los precios que estas quisieran imponer.
Insisto: en el año 2003, aún con problemas de déficit por el gasto público tras los atentados del 11s, prohibieron a su propio gobierno negociar precios más favorables en las compras de medicamentos. Esto significa que, en la práctica, estaban regalando al sector farmacéutico privado la friolera de, como mínimo, cerca 50.000 millones de dólares anuales en sobrecostes.
Ese importe lo obtuvo el economista Dean Baker en un estudio según el cual los estadounidenses podrían haberse ahorrado unos 332.000 millones de dólares entre los años 2006 y 2013, en su hipótesis más conservadora, simplemente permitiendo que Medicare pudiese negociar precios con las farmacéuticas. En un escenario de sobrecoste intermedio podrían haberse ahorrado 563.000 millones de dólares en el mismo periodo...
Fuente: El precio de la desigualdad (2013) Joseph E. Stiglitz
El estudio de sobrecostes puede encontrarse buscando: Baker, The Savings from an Efficient Medicare Prescription Drug Plan
Veinte años después, en la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) que, entre otras cosas, finalmente permite a Medicare negociar los precios de algunos medicamentos con las compañías farmacéuticas, para intentar reducir al menos parte de esos sobrecostes y paliar el déficit público.
Así, el año pasado se seleccionó una lista de diez (sí, diez, uno-cero, no me he dejado cifras) medicamentos en los que por fin podrán negociar sus precios. Esa lista se ampliará poco a poco hasta los 60 medicamentos en los próximos cuatro años. Sesenta en total, no los diez de ahora más otros sesenta, no seas comunista.
En total, el gobierno estadounidense cree que podría ahorrar hasta unos 25.000 millones de dólares en los próximos años, que se ampliarían hasta unos 98.500 millones de dólares en una década. Para poner estas cifras en perspectiva, recordar que el sobrecoste calculado en su versión más conservadora se acercaba a los 50.000 millones de dólares anuales, por lo que ahorrarían una quinta parte, aproximadamente, en el mejor de los casos.
El sector farmacéutico privado ha entendido perfectamente que la negociación de precios es comprensible y necesaria, dado el sobrecoste pagado durante tantos años, y que incluso les permite continuar con ingresos extraordinarios gracias al resto de medicamentos con precios no negociables, cosa que agradecen sinceramente al pueblo norteamerica... pffffff JAJAJAJAJA
No, me temo que no: las principales compañías farmacéuticas (Astellas Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson y Merck) han decidido llevar a la administración de Biden a los tribunales para intentar bloquear la nueva normativa.
Por ahora están en trámite, pero en sus querellas alegan cosas como la "extorsión" de tener que aceptar el proceso de negociación, violaciones de la Primera o la Quinta enmiendas (esta última referida a las compensaciones cuando se requisan propiedades), la posibilidad de que los precios acaben con descuentos de entre el 25 y el 60% o incluso, Dios no lo quiera, por debajo de los precios de mercado.
En fin, éste es el mundo en el que vivimos, que ustedes lo disfruten. Viva el mal, viva el capital ;)
Referencias:
www.infobae.com/espana/agencias/2023/08/29/biden-inicia-la-lucha-con-l;
www.consalud.es/salud35/internacional/grandes-farmaceuticas-demandan-g
asurancetorix 
Por otra parte, al margen de eso, precisamente recordé esta historia porque me parece que el problema va más allá de los sobres y la corrupción de los políticos. El problema de fondo, lo que realmente destruye el sistema, es que los encargados de gestionar los servicios públicos no creen en ellos. Y peor aún, muchos votantes tampoco lo…» 
MPR