Aunque admito que el título quizá no sea muy elaborado, no he podido dejar pasar la casualidad del destino que ha hecho posible sintetizar con tan pocas palabras este concepto al que hace tiempo que vengo dando vueltas: La violencia de género es la nueva ETA.
En nombre de la lucha contra ETA, en España se dictaron leyes bailando sobre la línea de la inconstitucionalidad, se usó a las víctimas como herramienta de presión política y se atacó ferozmente cualquier discrepancia con aquella forma de actuar etiquetando a cualquiera que no estuviese de acuerdo como “proetarra”.
En nombre de la lucha contra la violencia de género se promulgan leyes que condenan distinto el mismo hecho en función del sexo del acusado y se crean tribunales específicos para juzgar exclusivamente a hombres, jugando tan al límite de la Constitución que la división sobre la legalidad de dicha medida fue patente entre los propios miembros del Tribunal Constitucional. Las mujeres asesinadas por sus maridos son arma arrojadiza para forzar cambios legislativos y justificar cualquier medida, como ocurriese en su momento con la AVT y, de idéntica manera, aquel que se atreva a poner en duda las formas empleadas será rápidamente catalogado como “machista”.
Hablar del problema de las denuncias falsas se convierte en un tabú como lo fuera hablar de las torturas policiales, y en ambos casos afirmar que el problema existe y que es necesario ponerle solución te convierte automáticamente en simpatizante de los asesinos.
En el fondo subyace el legítimo rechazo de una sociedad que no quiere tolerar la violencia, pero aparentemente incapaz de aplicar la razón y la mesura en sus reacciones, sin importarle saltarse las líneas rojas si es en nombre de una causa noble.
Resulta desmoralizador ver a los mismos con quienes compartí la idea de que “contra ETA no todo vale” azuzando ahora los caballos de la ideología de género en su desbocada carrera por solucionar la violencia de género por lo civil o por lo criminal.
Atrás quedaron esos días en que gente como Ignacio Escolar defendía que no podía forzarse el uso retroactivo de la ley para extender indefinidamente las condenas de los etarras, o que no podíamos tolerar que se imputasen de forma deliberada delitos inexistentes a De Juana Chaos para retenerle más tiempo del legal en prisión. Que aunque todos quisiésemos, en definitiva, que los terroristas cumpliesen penas más largas, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la legalidad eran sagrados. Ahora sus medios son el altavoz de las voces más reactivas, defendiendo a capa y espada el retorcimiento de la ley hasta sus límites, atacando con ferocidad a cualquiera que ponga en duda la doctrina oficial sobre violencia de género, llamando al incumplimiento de una ley que garantiza que los menores no sean secuestrados por sus progenitores, o incluso defendiendo a autoras reconocidas de denuncias falsas.
Curiosamente, mientras en su momento era la derecha quien no tenía problemas en pasar por encima del Estado de Derecho y acallar toda voz discrepante cuando hablábamos de ETA, es ahora la izquierda quien hace lo mismo sin sonrojarse lo más mínimo. Al menos podremos saber quiénes defendían honestamente la legalidad y la libertad de expresión y quiénes lo hacen sólo cuando sirve a su ideología.
bubiba 
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Attanar