El pasado mes de octubre, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria emitió un informe que catalogaba a los gatos comunitarios como una especie exótica invasora, ordenando su retirada de los Espacios Naturales Protegidos, que abarcan el 43% de la isla. Los ayuntamientos fueron instados entonces a reubicar a los animales en zonas urbanas o confinarlos en recintos cerrados, una medida que, según las partes denunciantes, “contradice la normativa estatal” y “tergiversa leyes” como el Real Decreto 630/2013 y la Ley 42/2007 de