Hace unos años escribí este artículo sobre el derecho a ejercer la desobediencia civil en los Estados formalmente democráticos www.rtfd.es/numero15/02-15.pdf A diferencia de otros textos que me he visto obligado a escribir sólo para conseguir la acreditación de la ANECA, disfruté mucho elaborando el artículo. Y es que el tema resulta apasionante ¿Pueden los ciudadanos movilizarse en las calles desobedeciendo activamente las leyes para forzar el cambio de criterio de las autoridades políticas que ellos mismos han elegido?
En España parece ciencia ficción, pero en Francia han conseguido una importante subida del salario mínimo y el bloqueo de la subida de carburantes mediante manifestaciones verdaderamente épicas (la imagen de las masas ocupando la zona del Arco del Triunfo es de las que dejan sin palabras). Han colocado a Macron de rodillas, le han obligado a cambiar de criterio bajo la amenaza de poner el país patas arriba. Pero ¿tenían derecho a hacerlo? Yo pienso que sí.
El filósofo del Derecho Luigi Ferrajoli dice que en todo sistema democrático hay una "esfera de lo indecidible", que ningún gobernante puede atacar por muchos votos que tenga. Esa esfera la constituyen los Derechos Humanos, que son "precondiciones lógicas de la democracia", ya que la participación política libre y en igualdad de condiciones, requiere no sólo el acto formal de votar cada 4 años, sino el pleno respeto de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos, así como de sus libertades individuales. Si se me niega una educación de calidad, o se me coloca en una situación de sufrimiento derivada de la exclusión social que me anula como individuo, estaré incapacitado en la práctica para participar políticamente. A este respecto, John Rawls dice que el sistema democrático es incompatible con aquellas situaciones de explotación o marginación social que "socavan el autorrespeto" del individuo y le excluyen de la comunidad.
De esta forma, no puede haber una auténtica democracia sin respeto a la dignidad de toda persona. Aparte, esa dignidad es la propiedad más valiosa de cada individuo (nace y muere con ella), y ninguna mayoría tiene derecho a negársela. Si el 80% de la población decide que el 20% restante sea su esclavo, esa decisión será inválida. Por tanto, ninguna decisión política que atente de forma clara y frontal contra los Derechos Humanos, será legítima, independientemente de que las autoridades que la tomen hayan sido elegidas en un proceso formalmente democrático.
A ello hay que sumar que, en sistemas como el español, el político es libre de incumplir todos y cada uno de los puntos de su programa electoral una vez nombrado, y el ciudadano no puede hacer nada para evitarlo, pues la participación política que reconoce la Constitución se ciñe a un voto cada 4 años, sin posibilidad de referendums a instancia ciudadana ni revocaciones del mandato de los representantes que no cumplen. Por tanto, el representante político puede haber sido elegido en una votación, pero estar haciendo todo lo contrario de lo que sus electores desean (e incluso de lo que les prometió en el programa electoral), lo cual le priva de cualquier legitimidad.
Se dirá que es impensable la violación de Derechos Humanos en un sistema como el nuestro, porque los tribunales tienen como misión protegerlos. A ello hay que oponer (aparte de la politización de los altos tribunales en nuestro país, denunciada una y otra vez por el Consejo de Europa) que una parte de los Derechos Humanos no es reivindicable ante los tribunales en España, porque la Constitución así lo dispuso (si se te deniega el derecho a una sanidad pública de calidad o a la vivienda, no podrás acudir al Tribunal Constitucional, pues la Constitución los consagró como derechos "de segunda categoría", no recurribles en amparo).
Por tanto, lo que se hizo en Francia es legítimo, y sería aún más legítimo si cabe hacerlo en España. Las autoridades políticas tienen derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas, pero con el límite del respeto a los Derechos Humanos ¿Y cuándo se produce una violación de estos derechos? Aplicando el más elemental sentido común, podemos decir que se violan cuando a una persona con dolores insoportables le dan cita para la Unidad del Dolor en junio del año que viene, habiéndola pedido en octubre (caso de un vecino mío) o, teniendo enfermedades degenerativas, le dan cita con el especialista para dentro de 4 meses, siendo obvio que la ausencia de tratamiento durante ese intervalo provocará un empeoramiento que posiblemente sea irreversible.
Se violan los Derechos Humanos cuando existen trabajadores pobres, que cobran poco más de 700 euros por 40 horas semanales de esfuerzo. Se violan cuando se condena a la pobreza a cientos de miles de ancianos, incapaces de subsistir con pensiones de 400 o 600 euros (habiendo cotizado muchos de ellos 40 años, como sucede con los autónomos que han usado la base mínima de cotización). Se violan los Derechos Humanos cuando se condena a millones de españoles a vivir en grandes urbes cuyo aire es nocivo para los pulmones, pero los gobernantes se niegan a tomar las medidas para que puedan tener una vida saludable (aunque en Madrid ya están empezando a actuar, por suerte). Y todo ello en un contexto donde la riqueza del país permitiría ofrecer una vida totalmente distinta a la gente que padece estas situaciones (la brecha entre ricos y pobres en España es la más alta de Europa occidental) pero los gobiernos se niegan a aplicar medidas redistributivas porque "los ricos se irían" (curiosamente, en los países nórdicos se aplican y ningún rico se va).
Para cambiar todo esto, la desobediencia civil es sin duda un arma legítima. Funcionó en Francia, y aquí también funcionaría si nos atreviéramos. Estamos legitimados para usarla ¿Nos atreveremos?
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GatoMaula