Reflexiones a la luz de las palabras de un abogado veterano

El otro día, mientras esperaba para celebrar un juicio, me encontré con un compañero de profesión cercano a los 60 años, y le mostré mi frustración por el hecho de que a un cliente mío, matarife de profesión, le denegaron la incapacidad permanente a pesar de tener fibromialgia y graves patologías en hombro, codo y muñeca derechos, así como en las caderas. El trabajador fue despedido de su empresa porque el servicio de prevención le declaró no apto para trabajar. Y la Seguridad Social (y el juez que le tocó) dijeron que sí estaba apto. De este modo, se quedó sin pensión y sin salario. En definitiva, sin forma de vida.

Comenté a este viejo compañero que me indignaba la decisión del juez (posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia) en cuanto a su fondo, pero aún más si cabe en cuanto a su forma. La sentencia del juez se limitaba a copiar el Dictamen de la Seguridad Social, diciendo que "el trabajador sufre las siguientes patologías..." y copiando literalmente las del Dictamen, sin tener en cuenta los numerosos informes médicos con patologías adicionales que aportábamos como prueba. Y, copiando nuevamente el Dictamen, el juez decía que "las patologías no le incapacitan para realizar las tareas básicas de su profesión habitual de matarife". Cuando recurrimos, el Tribunal Superior de Justicia se limitó a decir que "no se aprecia error en la valoración del juez de instancia"...y a otra cosa.

Pues bien, este abogado me comentó que en los años 80 las cosas eran muy distintas. De un lado porque los trabajadores estaban muy unidos, y solían acudir a las salas de los juzgados (hasta el punto de colapsarlas) para apoyar a sus compañeros cuando alguien era despedido, lo cual tenía su efecto positivo. Por otro, porque los jueces, pese a haber salido del franquismo, tenían una concepción proteccionista del trabajador, y aplicaban el "principio pro operario" (en caso de duda, dar la razón al obrero) que, pese a estar consagrado en el Estatuto de los Trabajadores, hoy se aplica muy poco.

Y en cuanto a las incapacidades, este compañero me decía que en los años 80, 90 e incluso a principios de la primera década del 2000 se le daban a los trabajadores que las merecían. Fue a raíz de la crisis cuando debió darse alguna orden no escrita desde las altas esferas, y los jueces empezaron a denegarlas masivamente (obviamente no hay pruebas de dicha orden, pero es inconcebible la denegación masiva de pensiones de incapacidad que hoy se produce, incluso en casos de un matarife que ni siquiera puede empuñar un cuchillo porque tiene la mano semiatrofiada).

Así que la conclusión de este viejo abogado era que la jurisdicción laboral está hoy mucho peor que tras la muerte de Franco.

Primero porque muchos jueces se han apartado de la realidad, olvidando que más allá del texto de los contratos de trabajo o de lo "recomendable para un Estado en crisis económica" hay millones de vidas que pueden truncarse por una sentencia injusta. A modo de ejemplo, hace poco una juez me dijo en sentencia que los cuadrantes firmados por una trabajadora eran prueba de que su jornada se ceñía a las 5 horas semanales que indicaban, y ello pese a que firmaba un solo cuadrante cada mes ESCRITO POR SU JEFA A MANO (es decir, la jefa escribía a mano la hora de entrada y salida de cada día del mes y la trabajadora lo firmaba el día 30, siéndole imposible a esas alturas recordar la hora a la que había entrado y salido cada día, aparte de estar coaccionada por la jefa que, si no firmaba, no le pagaba). De nada sirvió traer clientes como testigos que declararon que la trabajadora prestaba servicios todos los días por la mañana y por la tarde.

Y segundo porque la desunión y falta de combatividad de la mayoría de trabajadores (en gran medida responsabilidad de los dos grandes sindicatos, hoy apesebrados y sumisos) ha provocado que la gente deje de luchar para poner esa realidad ante los ojos de los jueces.

Y es que los años de democracia formalmente reconocida pero materialmente a medio construir, tienen un efecto demoledor en la conciencia de muchas personas. Y es el olvido de sus verdaderos derechos (a un salario digno, a una pensión si no pueden trabajar, a una sanidad que les cure cuando enferman sin tener que empeorar durante meses sin ser atendidos...). Unos derechos que no se hacen realidad por el mero hecho de constar en el papel, y que debemos exigir gobierne quien gobierne. Para nosotros y para los demás. Si olvidamos esto, en nombre de la austeridad económica y de la "legitimidad democrática del partido que ha ganado las elecciones", seguiremos teniendo decenas de miles de inválidos que ni pueden trabajar ni reciben la pensión que merecen. Y que no son amparados ni por los jueces, ni por el Estado, ni por sus propios conciudadanos.