En España tenemos muchos, quizás demasiados, niveles de administración, desde los ayuntamientos al Estado central, pasando por diputaciones y comunidades autónomas. Esas instituciones están gobernadas por partidos políticos de todos los colores y tendencias, pero la ausencia de promociones de vivienda pública es general, con independencia de la institución y del color del que la gobierne. ¿No habrá que pensar que hay otros motivos para esta especie de alergia a la promoción de vivienda?
Los hay y vamos a acercarnos a algunos de ellos.
Primero: Construir vivienda supone gastar hoy para recuperar la inversión en muchos, muchos años. ¿Qué político en su sano juicio iba a suicidarse de ese modo? El dinero que haya, poco o mucho, se gasta en políticas inmediatas que puedan conducir a la reelección, no en proyectos a larguísimo plazo que puedan rentabilizar los siguientes. Porque si promueves vivienda pública hoy, te comes tú los marrones, te comes la expropiación del terreno, las posibles quejas o problemas que genere la edificación y toda la inmensa gestión de ese proyecto para que, años después, las inaugure tu oponente. Las legislaturas son de cuatro años y el proceso completo suele llevar cinco o seis, desde que se aprueba el proyecto hasta que la gente puede entrar a vivir en esas casas. Franco las construía porque no convocaba elecciones y le importaba un huevo lo que pensase la gente de su ubicación o su calidad, pero en democracia es una operación perdedora desde la mentalidad política de este país.
Segundo: Una vez construidas, ¿cómo se evita que se conviertan en una fuente de conflictos? ¿Qué alcalde o qué consejero autonómico quiere ser señalado como el que echó a este viejecita, o a esta minoría étnica, o a esta madre soltera por impago? ¿Quién quiere salir en esa foto? ¿Quién quiere cargar con el peso del mantenimiento y los gastos y las movidas de convertirse en casero? Nadie. Ni Franco siquiera, y por eso la vivienda pública en España siempre se construyó para la venta y nunca para el alquiler. Ese marrón no lo quiere nadie, porque todos sabemos lo que pasa, cómo se tejen las excepciones, cómo se lía la madeja y cómo, a fuerza de encogimiento de hombros y "que no pase en mi turno", los bienes públicos se abandona, se dejan morir y se convierten en pasto de buitres de todo tipo. En un bloque de cien viviendas públicas de alquiler, ¿cuánto tardarían en aparecer diez vulnerables que no pagan, cinco colgaos que destrozan y cuatro arribistas que realquilan? ¿Quién quiere ser el poli malo que los ponga firmes y exija puntualmente el alquiler, porque esas viviendas son de todos?
Tercero: Si no te quieres meter a promover ni a concentrar en edificios públicos toda la vivienda protegida, también puedes comprar vivienda ya construida. No te libras del punto segundo, pero evitas algunas partes del primero, y empiezas a alquilar desde el primer día. Y ahí os cuento lo que me dijo un alcalde de una capital de provincia hace años. "¡Claro! Y las compramos por lo que dice Hacienda que valen, ¿no? Porque hay unas tablas que se usan para cobrarle a la gente las Transmisiones Patrimoniales y el IBI. ¡¡Pues vaya ruina!!" O sea, que las viviendas valen eso cuando las compras o las tienes tú, pero ellos mismos reconocen que ese precio no se ajusta a la realidad ni de coña, y no pueden pagar menos de lo que esas tablas indican. Así que mejor dejarlo correr.
Así que no, ni tenemos vivienda pública en alquiler, ni se espera. Da igual del lugar del que hablemos. Da igual qué partido lo gobierne.