Supongamos que se detecta un derrumbamiento sobre las vías de la línea de tren más transitada del país.
Tras cierta deliberación, los gobernantes, coordinados con la compañía de ferrocarriles y con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, deciden aprobar una partida extraordinaria de combustible para doblar el suministro y aumentar la velocidad de la maquinaria de los trenes, con la esperanza de que a costa de hacer descarrilar unos cuantos convoyes, finalmente se desbloqueen las vías y se acabe solucionando el problema.
Suena ridículo ¿Verdad? Lo lógico seria parar la circulación, eliminar el bloqueo y luego reestablecer el servicio de trenes normalmente ¿No?
Pues a ver si alguien me puede explicar entonces por qué cuando hay una nueva ola de contagios, a pesar de las altas cifras de vacunación, y tras casi dos años de pandemia, en los que ha habido subvenciones para casi todo menos para la sanidad pública (a excepción de esos hospitales que asombraron al mundo), lo que ha causado que las listas de espera aumenten, estando al borde del colapso, la única solución que se nos ocurra para evitar volver a las medidas restrictivas y de contención, sea cobrar a los no vacunados por darles atención médica. Para gastar también esa cantidad ridícula de dinero en todo menos en reforzar la sanidad, supongo.
Aunque puede que ya sea demasiado tarde para evitar que este tren descarrile también.