MSF lanza su demanda el día antes de la junta general de accionistas de Moderna en la que la compañía informará de sus resultados en forma de miles de millones de beneficios durante la actual pandemia de COVID-19. La transferencia de tecnología y conocimientos podría facilitar la producción tanto de vacunas contra la COVID como de vacunas ARNm para otras enfermedades, y permitiría a los países estar mejor preparados para futuras pandemias.

En Málaga ya hay algo más de 100 médicos voluntarios jubilados dispuestos a vacunar y se prevé que la cifra se incremente en los próximos días tras la campaña de captación que puesta en marcha por el Colegio. La mayoría ya están vacunados, ya que pertenecen a las personas de riesgo por edad. Aquellos que no lo estuvieran deberán recibir su dosis correspondiente antes de vacunar a terceros.

El Colegio considera que "los beneficios de la vacuna superan los riesgos" y exigen que se complete la #vacunación de quienes ya han recibido una dosis. | El órgano colegial pide a la Conselleria de Sanidad que, "siendo consciente de la dificultad de gestionar la situación con este nivel de incertidumbre", las decisiones del Gobierno Valenciano deben ser tomadas "en base a la evidencia científica disponible y teniendo en cuenta la opinión de la comunidad médica".

El Ministerio de Salud del Estado hebreo publicó un documento que detalla el acuerdo entre el laboratorio #Pfizer·BioNTech e Israel. El primero se ha comprometido a suministrar rápidamente millones de dosis de vacunas a cambio del compromiso del segundo de compartir datos sobre los efectos de la vacunación en su población. Por el momento, los críticos del primer ministro, no lo culpan por compartir datos personales, sino por el costo de la vacuna. Para obtener las dosis con prioridad, el estado hebreo habría pagado casi el doble.

Los suministros de vacunas contra la covid-19 son escasos, por eso un panel asesor federal recomienda primero administrarlas a los trabajadores de salud, que mantienen en funcionamiento el sistema médico del país, y a los adultos mayores en hogares, que tienen más probabilidades de morir a causa del coronavirus.
En ninguna parte de la lista de personas prioritarias están los cónyuges de los funcionarios públicos.