El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este viernes las impugnaciones al intento del presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra el Covid-19 a millones de trabajadores del país para frenar la expansión de la pandemia

Escribo desde Victoria, el estado australiano que se convirtió, en 1970, en el primero del mundo en hacer obligatorio el cinturón de seguridad en el coche. La ley fue atacada como una violación de la libertad individual, pero la sociedad la aceptó porque salvaba vidas. Ahora, en la mayoría del mundo hay una ley similar. No recuerdo la última vez que escuché a alguien exigir la libertad de conducir sin tener que ponerse el cinturón de seguridad.
Sin embargo, ahora escuchamos cómo muchos piden libertad para no vacunarse contra el covid-19. Según Brady Ellison, miembro del equipo olímpico de tiro con arco de Estados Unidos, su decisión de no vacunarse fue «una decisión 100 % personal», insistiendo en que «quien diga lo contrario está robando la libertad de las personas».

¿Es posible obligar a la gente a vacunarse contra la COVID-19? En Galicia se lo han tomado tan en serio, que incluso el Parlamento gallego ha aprobado una Ley que permite a la administración sanitaria obligar a las personas a vacunarse. La nueva ley gallega establece, literalmente, el “sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización” (artículo 38.2.5). Es la primera vez que se plantea esta cuestión en España. Cuando una ley o una medida limitan los derechos fundamentales, es necesario que haya una justificación suficiente para esa limitación. Para saber si las limitaciones que impone la Ley gallega al derecho fundamental a la integridad física (artículo 15 de la Constitución) están justificadas, nos podemos guiar por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del mes de abril.

Los expertos que asesoran a la agencia de Naciones Unidas recomendaron en un comunicado que "no se exija una prueba de #vacunación como condición de entrada" para los viajeros internacionales, "dadas las pruebas limitadas sobre la eficacia de las vacunas para frenar la transmisión (del virus) y la desigualdad persistente en la distribución mundial de vacunas". "Aconsejamos a los Estados que reconozcan que la exigencia de una prueba de vacunación puede acentuar las desigualdades y favorecer una libre circulación discriminatoria", afirman.

Un bulo redactado en varios idiomas (incluidos español, francés e inglés) está difundiendo la idea falsa de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado la vacunación universal, pero se trata de una mentira que intenta confundir a la gente sobre la necesidad de inmunizarse contra la pandemia de Covid-19. Sobre lo que sí ha opinado es sobre la vacunación obligatoria, ya que la profesora de política y gestión sanitaria de la Universidad Johns Hopkins Joanne Rosen explicó en un artículo publicado en noviembre de 2020 que existe un precedente

"A día de hoy, resume Larios, "sería absurdo imponerlo cuando no hay suficientes dosis". Hace 11 años un juez autorizó, a petición de la Junta de Andalucía, la vacunación forzosa de 35 escolares para frenar un brote de sarampión en Granada. Fue un juez quien ordenó en 2010 la vacunación de una treintena de alumnos para atajar un brote epidémico de sarampión en un colegio, y lo hizo a petición del Gobierno regional, en una decisión que causó gran revuelo en el centro y que cuestionó una minoría de padres de los alumnos.