Imposición de sanciones económicas a empresas y hospitales que requieran la vacunación obligatoria contra la COVID-19 a sus empleados. También impide a las instituciones educativas o gubernamentales hacer cumplir los mandatos de vacunación obligatoria y propone que los empleados estén exentos por razones de religión o salud, o si optan por emplear equipos de protección individual o someterse a pruebas de detección de la enfermedad. El gobernador republicano se opone una vez más -como ya hizo con el uso obligatorio de mascarillas- a las...