El Consell de Govern extraordinario de este viernes ha aprobado un decreto que, entre otras medidas, incluye la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus de determinados colectivos. El decreto ley también recoge la limitación del precio de las pruebas PCR y de los test de antígenos. Por un lado, se fija en 75 euros el importe máximo que un ciudadano tenga que pagar por una PCR y en 30 euros por un test de antígenos.

Si el ritmo en la llegada de vacunas se mantiene como el de la próxima semana, cuando Balears espera recibir unas 50.000 dosis, es inminente que cambie el sistema de citación para la población.

«La semana pasada ya se hizo un pilotaje para ver el nuevo», reconocía Manuel Palomino, director de Gestión y Presupuestos del IB-Salut. Las llamadas telefónicas personalizadas quedarán atrás y entrará en funcionamiento un sistema informático, creado por la Fundación Bit, que funcionará «como la ITV». Se entrará a través del DNI, o con el código tarjeta

Cataluña apostará por este modelo y actualmente se encuentra estudiando como se llevará a cabo el transporte de la vacuna hasta los domicilios. Una fórmula por la que también se decantan en Baleares, según fuentes de la consejería de Salud. En el otro territorio insular de España, Canarias, organizada la vacunación a domicilio en gran parte de estos casos. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado que las enfermeras de Atención Primaria acudiran a las viviendas para administrarles in situ la vacuna.

La cifra es inquietante. Cuatro de cada diez trabajadores de residencias de ancianos de Baleares han rechazado vacunarse contra el coronavirus. Según el coordinador de la campaña de vacunación del Govern, Carlos Villafàfila, en estas dos primeras semanas se han encontrado “reticencias” entre los profesionales de dichos centros a recibir la primera dosis de Pfizer por miedo a los posibles efectos adversos.