España ha pedido a sus funcionarios y diplomáticos que cambien sus contraseñas "a la mayor brevedad" y que, en la medida de de lo posible, "se proceda al apagado de equipos cuyo encendido sea prescindible durante este fin de semana". En varios comunicados a organismos públicos y embajadas a los que ha tenido acceso elDiario.es, Exteriores, la secretaria de Estado de Administración Digital y el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado han recomendado llevar a cabo estas prácticas...

En Estonia hay diferentes ministerios que han introducido la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) para racionalizar los servicios a los ciudadanos.

‘The Sun‘, el tabloide británico hoy en declive que extrae prácticamente todas sus noticias de Internet, escribió en 1992: “Computer ‘web’ to change billions of lives (yeah right)“, que significa algo así como “La ‘web’ de computadoras para cambiar billones de vidas (¡sí, claro!)”.

Singapur llevará a cabo un modelo relativamente nuevo para mejorar la ciberseguridad en las oficinas gubernamentales. En lugar de instalar sistemas de seguridad o una infraestructura más segura, el gobierno piensa limitarse a restringir el acceso a Internet en sus oficinas. El plan, denominado «Iniciativa para la Separación de la Navegación en Internet de los Servicios Públicos» quedará totalmente implementado en junio de 2017. El primer ministro Lee Hsien Loong insiste en que la propuesta de prohibir Internet es una «necesidad absoluta».

Soy un firme defensor del uso de las redes sociales en los proyectos públicos y creo que hoy, con ellas, nuestro trabajo es mucho más eficaz, eficiente, transparente, ético y abierto. En esta pequeña guía vamos a trabajar la hipótesis de que un gestor público de una administración local, regional o nacional, se abre una cuenta individual con perfil profesional. Es decir, NO hablamos de una cuenta corporativa, oficial o institucional (como @policia) ni tampoco de cuentas estrictamente personales

Según un informe elaborado por CSI-F, en estos momentos existen 9 sistemas de gestión procesal distintas: en el territorio administrado por el Ministerio de Justicia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Madrid además, se encuentra en fase de implantación de su propio programa de gestión procesal. Ninguna de estas herramientas de gestión procesal está integrada con el resto, de tal manera que los datos no se pueden compartir de forma directa sino a través de unos registros (denominados S