Pese a que la tecnología para votar telemáticamente está plenamente desarrollada, en nuestro país sigue siendo imposible hacerlo. ¿Cuáles son los motivos?

Los coches eléctricos pueden reducir su velocidad de forma significativa utilizando el motor para recuperar energía pero la legislación no obliga a los fabricantes a indicarlo iluminando las luces de freno. Este problema se acentúa si se utiliza el modo de conducción de pedal único.

Tal vez las empresas tecnológicas europeas no pueden competir con gigantes americanos como Microsoft, Google o Amazon; o asiáticos como Alibaba y Tencent. Pero si hay algo de que los europeos pueden estar orgullosos es del cuerpo de derecho que emana de UE: regulaciones que establecen lo que pueden y no pueden hacer las empresas con nuestros datos y que en la mayoría de los casos, sirven de inspiración para los textos legislativos de terceros países.

Los legisladores europeos y los estados miembro podrían llegar a un acuerdo para tener un puerto de carga común para móviles, tabletas y auriculares a finales de año, según palabras de un europarlamentario. La propuesta ha sido duramente criticada por Apple. La Comisión Europea abordó por primera vez la cuestión hace más de una década, pero el año pasado propuso un proyecto de ley al ver que los fabricantes no se ponían de acuerdo sobre el estándar.

Estos pequeños automóviles, popularmente conocidos como “microcoches” son denominados por el Reglamento General de Vehículos como 'cuatriciclos ligeros'. Estos vehículos de cuatro ruedas -clasificados por la Unión Europea como categoría L6e- pueden contar con dos plazas como máximo (incluyendo la del conductor) y tienen limitada por construcción su velocidad máxima a 45 km/h. Para los que emplean motor térmico, su cilindrada está limitada a 50 cm3 si el encendido es por chispa y a 500 cm3 si es por compresión.

El uso de algoritmos e inteligencia artificial han propiciado la aparición de los deepfakes, manipulaciones que son capaces de tergiversar el pasado, los hechos o suplantar personas, es decir, permiten crear realidad. Pero ¿dónde está el límite en el uso de estas técnicas? ¿Existe alguna regulación que ponga coto o prevea los posibles abusos? El añejo debate sobre tecnología y ética vuelve a la palestra.

Cada vez es más intenso el debate sobre las limitaciones que Europa pone a las bicicletas eléctricas. Aspectos como el limitar la potencia a 250W, no poder usar acelerador y no poder pasar de los 25 km/h, no hacen más que poner palos en las ruedas de una de las mejores alternativas de movilidad sostenible que tenemos a nuestro alcance. Como ejemplo de lo absurdo de la situación, hoy vamos a conocer a la Biktrix Moto. Una bici eléctrica a la venta en Norteamérica y que nos muestra de una forma gráfica lo mucho que nos estamos perdiendo en Europa

Internet actualmente se basa en que las tecnologías no son responsables de los comentarios de los usuarios. Algunos legisladores quieren cambiarlo ¿Qué pasaría si eso sucede? La sección 230 protege a cualquier propietario o usuario de un «servicio informático interactivo», generalmente una aplicación o sitio web, de la responsabilidad por el contenido que otra persona haya publicado. Esto quiere decir que el propietario de un foro no es responsable de lo que los usuarios publican.

Los legisladores estatales republicanos de Dakota del Norte quieren que Facebook y Twitter enfrenten demandas de usuarios que han sido "censurados". Un proyecto de ley presentado por los seis legisladores la semana pasada se titula "una ley para permitir acciones civiles contra los sitios de redes sociales por censurar el discurso". Dice que los sitios web de redes sociales con más de 1 millón de usuarios serían "responsables en una acción civil por daños a la persona cuyo discurso está restringido, censurado o suprimido, y a cualquier persona

"Según las pruebas recabadas, la compañía habría tejido desde el 2007, con la compra de DoubleClick, un entramado para aplastar a cualquier competidor y hacerse con el control absoluto de los anuncios."

La industria marítima está experimentando un cambio masivo a medida que los buques se transforman en sofisticados centros de sensores, que generan datos y se conectan a través de satélites en una red interconectada en expansión. Para permitir la adopción de estos sistemas y para que sean eficientes, DNV GL acaba de lanzar un nuevo capítulo dentro de sus principales reglas mundiales para la clasificación de buques, denominado: “Funciones digitales”.

La historia ha demostrado que la sociedad suele ir por delante de la legislación, y una regulación inadecuada puede frenar el desarrollo y la innovación.

El 5 de diciembre de 2018 entró en vigor en España la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que, en su Título X, recoge el derecho de los ciudadanos a tener un testamento digital. La idea es buena, pero la definición del mismo es tan genérica y la casuística que intenta cubrir tan variada que este no aporta prácticamente nada que no incluyera ya el Código Civil, vigente desde 1889.

Una tema son los avances tecnológicos y otro el poder aplicarlos en la realidad. Aunque el Autopilot, o la conducción autónoma de Tesla, esté registrando grandes novedades, para poder utilizarse en las calles tiene que verse adaptado a la legislación vigente. Por eso, en algunos de los países europeos se está encontrando en la obligación de reducir sus funciones. Desde que empezó a probarse en las calles, la conducción autónoma ha estado rodeada de polémicas. Casi siempre han acabado de forma positiva, como en el reciente juicio por el primer

Las plataformas sociales generan un eco infinito. En ocasiones, conducen a una deshumanización del otro. Necesitamos formación para usarlas sin dañar y para no cometer, sin darnos cuenta, un delito.

Con una explosión de movilidad que ha sobrepasado a las normativas vigentes en toda Europa, los patinetes eléctricos se mueven en un limbo normativo que está obligando a los países afectados a casi improvisar.

Encontrar datos personales de cualquier ciudadano en internet es muy sencillo. A los motores de búsqueda habituales como Google, Bing o Yahoo, que ofrecen una gran cantidad de resultados sin filtrar, se suman otros buscadores especializados en información de carácter personal como Pipl o WebMii en los que se pueden localizar con precisión desde números de teléfono hasta la dirección postal del buscado, pasando por sus cuentas de redes sociales o correos electrónicos. En este árticulo se trata sobre las cuestiones legales de dichas webs.

Lo fundamental en estos casos es tomar medidas legales, pero es necesario asegurarse, en primer lugar, de que esta conducta es constituyente de delito, ya que las opiniones negativas en la Red pueden ser un ejercicio de libre expresión. "Basta con cualquier comportamiento o acción "dirigida a coartar la libertad del sujeto pasivo cuando éste no esté obligado a soportar esa situación".

Tras unas semanas de margen para que los operadores puedan ajustar sus estrategias de marketing, Bélgica ha restringido a los operadores de casino online cualquier publicidad en televisión mientras que las casas de apuestas no podrán poner anuncios antes de las 20:00h ni durante la emisión de eventos deportivos -sin importar la hora del día-.

Se aprobó en Australia la Ley de acceso y asistencia por la cual el gobierno puede obligar a los "provedores de comunicación" a interceptar y decifrar mensajes, lo cual incluye, crear puertas traseras en sistemas cifrados como whatsapp. En español: blog.segu-info.com.ar/2018/12/australia-sanciona-ley-para-acceder.html

En septiembre, el Parlamento Europeo votó y aprobó una versión modificada de la ley de derechos de autor de la UE que fue rechazada por el mismo organismo en julio de este año. Está nueva ley puede causar estragos en Internet. Explican por qué.

El motor y el acelerador eran de una desbrozadora, como depósito de combustible utilizaba el de una mini-moto y, como asiento y mando de dirección, los de una bicicleta.

De acuerdo con un informe de la Comisión de Leyes, la ley de comunicaciones online es incoherente y no protege a las víctimas de abuso por acoso, como la pornografía "falsa". Encargado por el Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte, el estudio apela a la reforma y consolidación de la legislación penal existente que trata las comunicaciones ofensivas y abusivas. El Ministerio del Interior estima que solo el 3% de los delitos de comunicaciones maliciosas terminan en un proceso judicial.