La nueva ley supone la ampliación de aquellos supuestos en los que el Gobierno puede intervenir Internet sin autorización de un juez. Se pueden alegar motivos de orden público, seguridad pública o seguridad nacional, para intervenir cualquier infraestructura, recurso asociado o nivel de la red. Desde las asociaciones de internautas hablan de censura y afrenta a la libertad de expresión.