Es un mantra repetido hasta la saciedad desde determinados medios de comunicación y desde fuentes del actual Gobierno del Partido Popular que las energías renovables encarecen el precio de la electricidad, al suponer las primas a estas tecnologías unos costes para el sistema eléctrico en su conjunto de varios miles de millones de euros al año. Y nadie les podrá negar coherencia con esta afirmación; no hay más que repasar el número de medidas establecidas en contra de estas tecnologías desde el año 2012.

Ha sido el propio CEO de la compañía el que ha puesto de relieve en comentarios recogidos por el diario italiano La Stampa la posibilidad de que haya sido un gobierno y no un grupo de hackers quienes han hackeado Hacking Team y exuesto todos los datos de la compañía, y más importante, los datos de sus clientes, incluyendo alguno de los que está en la lista de países vetados por la ONU en materia de Derecho Humanos. "Dada su complejidad, creo que el ataque podría haber sido llevado a cabo a nivel de Gobierno, o por alguien que tiene enormes...

El gobierno ruso ha seleccionado a ReactOS como su segundo sistema operativo. Desde Octubre de 2014, la Fundación ReactOS ha estado en conversaciones con el gobierno ruso como parte del grupo de Sistemas Operativos formado por el Ministerio de Telecomunicaciones y Mass media (también conocido como el Ministerio de Tecnologías). En Abril de este año, el gobierno ruso hizo un llamamiento para encontrar y ayudar a proyectos independientes en varias categorías. ReactOS ha presentado dos proyectos: ReactOS como SO de escritorio y servidores.

Hace unos meses escribí un e-mail al apartado de atención ciudadana de La Moncloa. En dicho email pedida información sobre la imposición de la migración de Windows Xp a Windows 8.1 en todos los equipos informáticos del estado sin la celebración de su concurso. La respuesta personalmente a mi me parece una mier**, en la que hablan, hablan y hablan para no decir nada, y de los temas relevantes que le escribía ni lo mencionan o mandan el problema a otra parte.

Algunos juristas sostienen que la Administración Pública no está obligada a cumplir la Ley 34/2002 que sanciona el SPAM y exige pedir permiso a los ciudadanos antes de monitorizararlos o permitir que otros los monitoricen con cookies. Defienden que la ley es solo para los que vinculan su presencia en Internet con una actividad económica u onerosa (que no es lo mismo), de manera que la Administración Pública puede hacer lo que le plazca.