El 3 de abril del 2017, la productora Venice PI, LLC ganó una demanda contra Euskaltel en la que se exigía a la operadora naranja entregar las direcciones IP de los clientes que habrían utilizado este método de descarga. En un inicio, Euskaltel se negó a entregar estos datos, pero el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao les obligo a aportarlos sin posibilidad de presentar recurso.En las citadas cartas se incluye el número de la cuenta corriente a la que los usuarios afectados deberían hacer el pago, cuenta a nombre de Alfa Guardian S.L. q

Las quejas, peticiones de cierre, bloqueos y denuncias contra los sitios pirata y sus administradores, son algo que se han convertido en habitual en la última década, y aunque en muchas ocasiones pueda parecer que esto no tiene repercusiones, las tienen, y muy importantes.

En las últimas semanas, clientes de Euskaltel han recibido en sus direcciones particulares de correo electrónico una carta remitida por el abogado de la productora de cine "Venice PI, LLC", en la que les reclama a estos usuarios el pago de 150 euros por haber compartido mediante el sistema P2P una película.

Según denuncian desde el Foro Euskaltel, son varios los usuarios que cuentan haber recibido una carta de un bufete de abogados de Alicante. En esta carta, en la que se prohíbe expresamente divulgar el contenido de esta, se explica a esos usuarios que han descargado varias series y películas en unas fechas concretas. Además, se les cuenta que se han conseguido los datos mediante una petición al juzgado y finalmente se les exige realizar un pago antes de 20 días para que no emprendan acciones legales.

El juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona ha decretado, por primera vez, medidas cautelares para que Vodafone, Telefónica y Orange bloqueen el acceso a las páginas de pirateo de contenidos "más dañinas" Elitetorrenz.biz, Mejortorrent1.com, Gnula.nu, Mejortorrent.org y Gnula.se. El bloqueo debe incluir también otros dominios, subdominios y direcciones IP cuyo exclusivo o principal propósito sea facilitar acceso a dichas páginas , tales como páginas que sirvan para eludir el bloqueo y el acceso de sus clientes desde territorio español.

Tras esta directiva hay un antes y un después. Y el resultado es preocupante: "se abre paso a la censura automática en la red, a que los algoritmos decidan qué se puede subir y qué no"

No debería ser lo frecuente, pero en ocasiones sucede: nuestro proveedor de internet bloquea el acceso a una página web. Existe, está en la red, pero desde nuestro ISP no se puede acceder. Esto puede suceder por mandato judicial, por lo que solo cabe acatar la decisión, o por otras razones. Lo habitual, al margen de censuras, es el bloqueo de sitios de descargas. Llegados a este punto, ¿ya está todo perdido? La respuesta es no.

El fiscal llegó a pedir tres años y medio de cárcel, pero llegado a un acuerdo con la acusada. Esta acepta devolver sus ganancias y una multa de 1.080 eurosEntre junio de 2013 y mayo de 2016, la procesada subió a Internet y publicó en tres webs de descargas un total de 24.969 enlaces