Diversas asociaciones españolas de usuarios de internet y técnicos de informática han denunciado al Gobierno español ante la Unión Europea por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que entró en vigor el uno de enero. El motivo de la denuncia argumentado en los documentos es la falta de notificación de la LPI a la UE, su incompatibilidad con diferentes directivas y la inseguridad jurídica que está generando.
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