Hubo espionaje policial a cargos de Podemos desde sus inicios. Y actos declarados de lawfare, persecuciones personales y bulos creados desde órganos estatales. Constatarlo no es defender a un partido. Es rechazar un ataque que fue brutal contra la democracia pluralista.

Joaquim Bosch: “Si a la muerte de Franco hubiésemos acabado con la corrupción que venía de la dictadura, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia”

la ley actual es muy mala y no permite la elección parcial por los jueces. Pero esa ley actual tan mala fue aprobada por ese mismo partido en 2013, tras incumplir la promesa de permitir la elección judicial.

Refiere que basta con analizar la estadística para comprobar que la corrupción afecta a todos los territorios autonómicos en los que constan políticos condenados, en prisión provisional o encausados, entre ellos presidentes autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades de España.

Ni en Nápoles ni en Sicilia. Expulsar a los corruptos de las instituciones sería como poder respirar aire puro tras vivir largo tiempo en una zona altamente contaminada.

"La inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo. Únicamente le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo de la condena".

Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.