El reciente anuncio del Cabildo tinerfeño, del pasado 29 de julio, de que iba a externalizar la gestión de las 24 viviendas bioclimatizadas del ITER, ubicado e Granadilla de Abona, ha despertado reacciones críticas en la oposición socialista en la Administración insular y de exconsejeras como María José Belda (que fue primero portavoz de Sí Podemos y, luego, estuvo entre los no adscritos) por apreciar reparos legales, éticos y políticos a una medida que conciben como el comienzo de una posible privatización del instituto.