"Este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un Consejo de Ministros y el expediente está a disposición de la sociedad española. Insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad", ha aclarado este martes la vicepresidenta segunda, que se ha distanciado de las críticas de Podemos lanzadas este lunes durante la conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Relacionada: www.meneame.net/story/podemos-acusa-sanchez-adjudicar-dedo-organizacio

Durante los 12 años posteriores al estallido de la crisis de 2008, y en pleno auge de las firmas tecnológicas de Silicon Valley, las distintas administraciones han entregado al menos 4.570 millones de euros a Telefónica a través de unos 1.800 contratos públicos.

Los populares enmendaron un punto de la Proposición No de Ley presentada el pasado otoño por Adelante Andalucía para que la "obligatoriedad" para empresas licitantes de hacer públicos sus informes 'país por país' se quedara en "una declaración responsable" o en "una cláusula ética" en los pliegos

El reciente anuncio del Cabildo tinerfeño, del pasado 29 de julio, de que iba a externalizar la gestión de las 24 viviendas bioclimatizadas del ITER, ubicado e Granadilla de Abona, ha despertado reacciones críticas en la oposición socialista en la Administración insular y de exconsejeras como María José Belda (que fue primero portavoz de Sí Podemos y, luego, estuvo entre los no adscritos) por apreciar reparos legales, éticos y políticos a una medida que conciben como el comienzo de una posible privatización del instituto.

Muchos medios de comunicación afincados en Madrid sobreviven gracias a las jugosas cantidades que les concede, camufladas bajo publicidad institucional. Así que no sorprende que la nombren emperatriz de Lavapiés todos los días

La Moncloa de Pedro Sánchez tiene que estar informada de todo. Tanto, que es normal que tenga un nivel de suscripciones que tiene. Sin embargo, son tantas que algunas se cuelan sin tener demasiada idea de qué ha sido de ese periódico. Es el caso de un digital que ya no existe y al que la Moncloa sigue suscrito.

Almeida y Serrano nos dijeron que la Fórmula 1 no iba a costar un duro de dinero público. Hoy sabemos que los primeros 47 millones meteran a IFEMA (62% de financiación pública madrileña) entrará en números rojos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prepara el último golpe para ejercer su control sobre la radio y televisión públicas de Galicia, inmersas durante años en polémicas por las denuncias de manipulación y control sobre el ejercicio profesional de los trabajadores que trabajan en ambas empresas públicas. Rueda ha decidido dar el paso al que Feijóo nunca se atrevió y propondrá al Parlamento una reforma legal que le dota de poder absoluto para nombrar por mayoría simple al nuevo director general de la corporación.

A través de su portavoz, Lin Jian, China denunció que la difusión de información falsa y la manipulación de la opinión pública para incriminar y reprimir a otros países, se han convertido en prácticas habituales de Estados Unidos. Sin embargo, el mundo ya es consciente de estas tácticas, poniendo fin a sus engaños para imponer su agenda.

Por primera vez, El Confidencial accede a más de 6.900 pagos a medios realizados desde Moncloa. Una información inédita hasta el momento que abarca 17 ministerios y 190 millones de euros

Aunque el Ejecutivo ha justificado la decisión en un “ajuste interno en la consejería para seguir prestando el mejor servicio a los ciudadanos”, la destitución llega menos de un año después de que fuera nombrado para el puesto este directivo que no tenía relación con el mundo sanitario, pues venía de trabajar 25 años en un banco como director de Centro de Empresas, director de Morosidad y Riesgos, director de Consumo & Partnership y director de Compras. Su sustituto será José Nieves, hasta ahora director general de Gestión Económico-Financiera

Solo el streaming del acto supuso 3.000 euros de gasto que se pagó a una empresa de Jaume Roures. También se destinó dinero a maquillaje (una sesión de belleza por 135 euros) y seguridad. Todo a costa del erario público