PSOE, Mas Madrid y Vox de Las Rozas solicitan al alcalde que reabra las urgencias del centro de salud de Las Rozas, pero la mayoría absoluta del PP ha tumbado la propuesta pese a más de 3.000 firmas para su reapertura y que no ocurra como en Majadahonda, donde un hombre murió en las puertas del Centro de Salud sin médico de urgencias. El desmantelamiento de la Sanidad Pública del gobierno de Ayuso ha provocado la convocatoria de otra gran manifestación este domingo en Madrid. El gasto por habitante en Madrid es un 30% inferior al de la media

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso se ha puesto las pilas este verano y ha empezado a licitar, de manera urgente, la construcción de 16 nuevos centros de salud con el objetivo de que todos estén construidos antes de las elecciones autonómicas de 2027. Hay que tener en cuenta que en los cinco años que la presidenta Ayuso lleva ya gobernando en la Comunidad de Madrid solo ha inaugurado tres ambulatorios: Las Tablas en Madrid, Parque Oeste en Alcorcón y Navalcarnero II.

1º.- Para beneficiar económicamente a su familia– Feijóo cede la gestión de las 50 residencias sanitarias públicas a la empresa Eulen. 2º.- Para favorecer con dinero público la empresas privadas (que recorta de la Atención Primaria). Núñez Feijóo, como otros muchos políticos neoliberales, no tiene ningún interés en la Sanidad Pública ya que como paciente utiliza la sanidad privada cuando tiene problemas de salud, como en su reciente intervención por desprendimiento de retina.

Meses con retrasos en las nóminas, falta de personal y condiciones precarias. Este es el escenario al que se enfrenta el profesorado de las nueve escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid que gestiona Atreyu Blota Carto SL ante la actuación de la empresa y la consiguiente inacción del equipo de Isabel Díaz Ayuso, a cuyo cargo se encuentra este servicio público.

El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

EsRadio y Libertad Digital son dos de los medios favoritos de la Comunidad de Madrid para inyectarles ingentes cantidades de dinero público cada año en forma de contratos de publicidad institucional. Tan solo en 2023, Ayuso contrató publicidad institucional con los medios de Jiménez Losantos por valor de 560.544 euros más IVA. Si sumamos el Gobierno de Ayuso, una de sus empresas públicas y el Ayuntamiento de Almeida, Jiménez Losantos recibe unos 785.000 euros al año.

En Vox respetamos las opciones sexuales de cada uno, pero no pueden ser base para reclamar privilegios o para recibir favores económicos con cargo a los presupuestos de las administraciones

"Si los viajes de estos cargos del PP han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante una utilización espuria de los impuestos de todos los españoles para una absurda fotografía en el aeropuerto de Caracas"

El centro público sanitario de referencia en la capital catalana enfrenta la época estival con unos 400 profesionales y 272 camas menos después de una campaña de "no renovaciones" de contratos temporales e incluso de cierre de plantas.

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea lleva a la justicia los edificios que se construyeron a dedo y haciendo pasar obras millonarias por contratos menores por la posible comisión de un “delito continuado de prevaricación administrativa”

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

El rocambolesco acto de colocación de la primera piedra en la futura Ciudad del Deporte, en el entorno de Estadio Metropolitano, confirma las intenciones del Atlético de Madrid: mermar el peso del deporte pese al nombre del proyecto (y el uso deportivo de las parcelas municipales cedidas) y apostar en gran media por tiendas o negocios de restauración. Todo ello sobre 205.000 metros cuadrados entregados a la entidad deportiva durante los próximos 75 años.

Con estos cinco casos, son ya siete en la región, aunque no se descarta que puedan ser muchos más, según fuentes consultadas y conocedoras del escándalo. En principio la Consejería lo achacó a un subdirector de FP al que cesó fulminantemente en marzo, aunque conforme se revelan datos se comprueba que el sistema ilegal no se circunscribe a una zona administrativa (la gestión educativa del Gobierno de Ayuso se divide en Direcciones de Área Territorial –DAT–, cada una de las cuales tiene un jefe).

Los esfuerzos del Gobierno andaluz por hacer ver que el desembarco en Sevilla de la Universidad Pontificia Comillas, con la adscripción de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios, no supone una nueva universidad privada en Andalucía han resultado en vano, vista la durísima reacción de todos los rectores de las universidades públicas.

Gonzalo Miró, critica la propuesta de Vox como insensible y poco efectiva para abordar la situación migratoria, "no sería una solución que acabase con un problema que es difícil de solucionar", ha asegurado.

El partido de Santiago Abascal ha anunciado que presentará Proposiciones No de Ley en todos los parlamentos autonómicos para rechazar la propuesta del Gobierno de reparto de menores migrantes y cerrar los centros de acogida para repatriarlos a sus países de origen.

Dentro del conjunto de cambios legislativos producidos en materia religiosa durante la Segunda República cuatro medidas habían mermado severamente los tradicionales privilegios e intereses educativos de la Iglesia Católica: la retirada del crucifijo y símbolos religiosos de la escuela, la desaparición de la clase de religión obligatoria, la disolución de los jesuitas y la prohibición del ejercicio docente a las órdenes religiosas. La Ley que prohibía la docencia a las órdenes no perjudico los intereses económicos de la Iglesia.