El Gobierno ha acordado prorrogar la suspensión del deber de solicitar concurso de acreedores —la llamada moratoria concursal, puesta en marcha a raíz de la crisis sanitaria y económica del coronavirus— hasta el 30 de junio de 2022. Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la decisión va "en consonancia" con el criterio de la Comisión Europea y busca "dar seguridad jurídica y seguir apoyando a las empresas" en su recuperación.

El acuerdo alcanzado este martes en el Gobierno para aprobar la futura Ley de Vivienda estatal tiene letra pequeña. Una de las 'cláusulas' de la normativa en ciernes afecta a los grandes tenedores personas jurídicas, que son, en realidad, los fondos de inversión o entidades financieras. El Ejecutivo ha acordado en este sentido contemplar una moratoria de 18 meses para la aplicación de la norma a estos grandes tenedores.

UGT-A ha pedido a la Junta de Andalucía la "prorroga" en la suspensión de los desahucios programada para el 9 de agosto, que "deja sin alternativa habitacional a familias vulnerables", así como la "moratoria" en el pago de los alquileres y la "prohibición" de cortes de luz, agua y gas, denominado escudo social.

El supervisor ha comprobado que la mayor parte de moratorias se concentra en familias que ya tenían una posición financiera más débil antes de la pandemia