Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de Rajoy y acusado de graves delitos relacionados con las “policía patriótica”, mantuvo una cercanía cómplice con uno de los principales policías del clan Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, alias “El Gordo”. Este comisario, ya jubilado y hoy en delicado estado de salud, confesó al juez todas las maniobras policiales al margen de mandato judicial en torno al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, la hoy conocida como Operación Kitchen. Por esta causa la Fiscalía

Lo mismo que hay un Gordo de Navidad, hay un Gordo judicial, si bien con la particularidad de que es un Gordo inverso que consiste en que no te toque nada pese a llevar muchas más papeletas que el batallón de subordinados tuyos a los que, en cambio, sí puede que les toque la pedrea de unos cuantos años de cárcel. Esperanza Aguirre es una mujer con suerte, aunque la suya sea una suerte bajo sospecha de tongo.

En la antesala del verano de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy accedió finalmente a los cantos de sirena europeos. El agujero del sistema financiero era incontenible y las fusiones que se auspiciaron desde el inicio de la Gran Recesión no pararon la sangría. El Ejecutivo necesitaba aportar una inyección pública que no podía asumir y solicitó el rescate a los socios comunitarios a través de una línea de liquidez por valor de hasta 100.000 millones. Y con ella se comprometió con una lista de contrapartidas en forma de recortes y reformas.

El comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal e imputado en el caso Kitchen, ha asegurado este miércoles, durante su comparecencia en el Congreso, que su actuación en el espionaje al que fue sometido el extesorero del PP Luis Bárcenas a partir de 2013 se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”. Tras esta manifestación, el alto mando policial ha eludido responder las preguntas que le han planteado los parlamentarios “para no perjudicar” su situación judicial.