El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la formalización de 67.300 contratos fijos para profesionales sanitarios “de todos los niveles de todo el conjunto de la Administración” para acabar con la precariedad en el sector. Actualmente, ninguna comunidad autónoma tiene un dato de temporalidad laboral en este sector inferior al 30% de los contratos, mientras que el objetivo establecido es bajar del umbral máximo del 8%.

Pese a la promesa de mantener 11.000 contratos hasta el 31 de marzo, a muchos ya se les ha notificado que no renovarán y que concluirán sus actividades el 31 de diciembre. Esto se produce durante un pico agudo de contagios en Madrid y la Atención Primaria al borde del colapso.

La Guardia Civil incopora al caso el testimonio de la funcionaria que actuaba de "mano derecha" de Ana Millán en la época de los contratos adjudicados a Francisco Roselló, el empresario que pagó a la ex alcaldesa de Arroyomolinos, su hermana y su pareja más de 200.000 euros tras recibir 600.000 en contratos del municipio

Sumar, en una iniciativa impulsada por Izquierda Unida, ha presentado este jueves un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para que el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles responda a una serie de preguntas sobre los contratos que el Gobierno español sigue firmando con empresas armamentísticas de Israel.

El PSdeG ha registrado en el Parlamento una solicitud formal para obtener la documentación relativa a los contratos "menores, ordinarios y urgentes" adjudicados por el Gobierno gallego a las empresas Eulen y Universal Support entre los años 2018 y 2024.

Sigue dando que hablar el chorreo de contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a Eulen, la empresa en la que trabaja Micaela Núñez Feijóo, la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Y uno de los aspectos del caso que más llaman la atención es que, de una manera o de otra, los contratos públicos terminan en manos de la empresa del líder del PP a pesar de que no es la oferta económicamente más conveniente para las arcas de los contribuyentes gallegos.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pondrá en marcha a partir de septiembre una serie de medidas destinadas a investigar a fondo dos casos que han generado una gran controversia: los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a empresas vinculadas a la hermana de Alberto Núñez Feijóo y los pagos recibidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte de Quirón Salud.

Mercedes González Fernández cuestionó a García Molina sobre varios casos de presunta corrupción que implican a miembros del PP en Almería. Durante su intervención, mencionó un expediente de Almería, calificado como escandaloso, y señaló que el 15 de julio de 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había requisado toda la documentación relacionada con dicho expediente.

Eloína Núñez, exconcejala del PP en Ourense y médica de profesión con plaza de técnica superior de salud en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ascendió a la gerencia de los hospitales de Ourense pocas semanas después de que su primo alcanzara la presidencia de la Xunta, en mayo de 2009.

Ante el acuerdo para frenar a los más ultras del Parlamento Europeo, poco ha podido hacer Patriotas por Europa (PfE, por sus siglas en inglés), el grupo de Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de Vox o del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Ser el tercer mayor grupo de la Cámara no ha sido suficiente para que sus tres candidatos, entre ellos Fabrice Leggeri, exdirector de Frontex, la agencia europea de fronteras, que el pasado 9 de junio resultó elegido eurodiputado en las listas de Reagrupamiento Nacional...

El partido Más Madrid ha decidido llevar al Tribunal Constitucional (TC) el bloqueo por parte del Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso a las iniciativas destinadas a investigar los contratos realizados durante la pandemia de la covid-19 en la Comunidad de Madrid. Este movimiento se produce después de que la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, rechazara de manera sistemática las propuestas presentadas por los progresistas para establecer una comisión de investigación al respecto.

Plataforma Femar ha resultado adjudicataria de uno de los tres lotes que la Comunidad de Madrid sacó a licitación en verano del pasado año. Los pliegos técnicos señalan expresamente los requisitos de salubridad exigentes, sin embargo el criterio que realmente se ha tenido en cuenta para calificar las ofertas ha sido el precio. Presentar la candidatura más barata suponía obtener 100 puntos, el máximo posible en este tipo de concursos. Así, esta empresa presentó una oferta con una bajada en el precio de cerca del 32% sobre los 95.182 euros

El fraccionamiento de contratos –el mismo hecho que acabó con la condena a cuatro años de cárcel para Laura Borrás– se utilizó al menos en dos construcciones de centros de FP en Madrid. Se dividieron obras millonarias en facturas de menos de 40.000 euros para eludir todos los controles y la Fiscalía ya investiga uno de los casos

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha afirmado que el modelo sanitario que realizan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el PP es "privatizar para robar" y ha enfatizado que ese "es el primer paso de la corrupción".

Sin embargo, en estos movimientos propios del inicio de cualquier legislatura, uno de los más llamativos es la salida de la gerencia del área de Santiago de Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo y que ha ocupado este puesto en los últimos siete años y siempre rodeada de polémica. La última es la que le ha costado el puesto y tiene que ver con la demora en la atención a enfermos de cáncer en el hospital santiagués, lo que provocó semanas atrás protestas de los afectados y sus familias.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid teme que la nueva ley que ha impulsado la ministra de Sanidad, Mónica García, de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud liquide un modelo «consolidado» que «viene funcionando de una manera eficaz y eficiente». Para el Ejecutivo de Ayuso, los «principales perjudicados» de esta nueva legislación van a ser los pacientes y ha mostrado su «estupor» porque se haya puesto en marcha sin consultar ni consensuar con las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión sanitaria

La Junta Electoral de Galicia ha archivado el procedimiento sancionador abierto a la Consellería de Sanidade por haber enviado a dos días de las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero mensajes a los móviles de trabajadores del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para informarles de subidas salariales. La decisión se adopta porque no se ha podido identificar al responsable de la infracción.

Valonia y Bruselas mantienen la versión más avanzada de un cordón sanitario. Los demás partidos boicotean a cualquier cosa que se parezca al RN de Marine Le Pen en Francia, a Vox o a la AfD alemana, pero el pilar del cordón sanitario es mediático. Su teoría dice que sin oferta no hay demanda, que nadie va a votar a un candidato que no conoce. Y ni siquiera en los últimos años, con el crecimiento de la importancia de las redes sociales, la extrema derecha consiguió levantar la cabeza entre los belgas de habla francesa.

Por aquel entonces, el dueño y administrador único de Aerofalcon y la pareja de Ayuso figuraban en el directorio de la sociedad panameña Insumos Médicos del Pacífico. Esta empresa la creó a principios de 2013 en ese paraíso fiscal Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, el principal cliente de González Amador y una persona clave en el enriquecimiento de la pareja de Ayuso.

La entrada de PP y Vox en el Gobierno de Aragón arranca el flujo de contratos de publicidad con OkDiario, Estado de Alarma, Periodista Digital o El Debate. Estado de Alarma, de Javier Negre, ha obtenido 4 contratos menores por 25.748,95 € entre el último trimestre de 2023 y el 1er trimestre de 2024. Eduardo Inda y OkDiario obtuvieron 5 contratos por valor de 41.321 € y Periodista Digital 12.640 € por 2 contratos en 6 meses. El Debate ha obtenido un único contrato durante el primer trimestre por 4.235 €.

Eulen, la empresa donde es directiva Micaela Núñez, firmó contratos por 37 millones de euros con la admnistración autonómica durante los 13 años de gobierno del líder popular

Illa describe una situación y no pretende lanzar reproches: “Y lo prioritario no era comprar barato”. A su juicio, en aquel momento todos los responsables sanitarios hicieron lo mejor que pudieron para traer material de donde fuera, que era del mercado asiático. Sanidad compró las mascarillas quirúrgicas a una media de 0,42 € unidad, mientras que la Comunidad de Madrid pagó una media ponderada de 0,82 €. En mascarillas FFP2, el Ministerio y el INGESA compraron la unidad a una media de 2,23 €, mientras el precio medio de Madrid fue de 4,91 €.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

El Ayuntamiento de Madrid uso la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios para comprar material sanitario en la pandemia de coronavirus por más de 18,1 M €. Así se extrae de todos los expedientes de contratación entre marzo y octubre de 2020 sobre las que ahora el PSOE pide explicaciones en el seno de la comisión de investigación del Congreso. Ofertó al menos 16 convenios a través de esta cía local con las empresas LENO SDN -vinculadas a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina-, SINCLAIR & WILDE LTD y KUHENE & NAGEL S.A.

Keralty donó 75 millones de pesos a cinco partidos políticos colombianos contrarios a la reforma de la sanidad pública impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, y que trata de reducir el poder de multinacionales extranjeras como el grupo vasco. El Consejo Nacional Electoral investiga también el posible conflicto de intereses.

Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia que alerta, además, de que entidades, que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia (2009-2022) llegaron a gestionar más del 15% del presupuesto autonómico, usaron los contratos menores de manera irregular. El Consello de Contas de Galicia alerta de que el 46% de los expedientes de licitación abierta de ese año incluyeron criterios de adjudicación susceptibles de anulación y que la mitad de esos entes usó los contratos menores de forma irregular.

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso está pagando facturas recientes y antiguas a proveedores con un sistema excepcional, las llamadas “convalidaciones de gasto”, a un nivel no conocido en otras autonomías. Entre 2020 y 2023 Ayuso pagó bajo esta fórmula al menos 2.004 millones de euros, gran parte de ellos a las empresas de sanidad privada que prestan servicios en la pública a través de los hospitales y servicios concertados. Solo la Administración General del Estado alcanza cifras totales similares a las de Madrid...