"No gastes dinero, no va a prosperar", le dicen los abogados a Enriqueta. Cree que su madre murió por negligencia del centro. Se cumplen dos años de las primeras denuncias por muertes de ancianos y el 89% son archivadas.

Muchas trabajadoras de Residencias y Sad son amenazadas para que no cuenten lo que ven, ni lo denuncien, se tienen que proteger. Ley de protección a denunciantes que llevan reclamando denunciantes como Ana Garrido, las trabajadoras de residencias podrían denunciar lo que ocurre sin miedo a represalias y conoceriamos muchas más residencias de los horrores

Unos 7,8 millones de euros del plan que la Generalitat puso en marcha para trasladar a residentes en hogares de ancianos con Covid-19 a otros centros más capacitados para atenderles fueron a parar a sufragar plazas que no se cubrieron .

La pandemia las golpeó primero y los relatos de situaciones dramáticas vividas dentro de las residencias de mayores se multiplicaron. "Lo dimos todo", defiende Beatriz Fernández, trabajadora en una residencia privada de Ferrol perteneciente a DomusVi. Ahora, tras dos años con el convenio colectivo caducado, sin actualización salarial desde 2018 y con una carga de trabajo y una presión "brutal" en los centros, las trabajadoras "se sienten estafadas", dice. Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han convocado una huelga indefinida en centros residencia

Los grupos parlamentarios de ERC, JuntsxCat y PSC han forzado este miércoles la creación de un grupo de trabajo, compuesto por expertos designados por los partidos, para saber qué sucedió durante la pandemia en las residencias geriátricas y de discapacitados en Catalunya En Comú Podem, Ciudadanos y CUP se han abstenido en la creación de este grupo de trabajo al considerar que se intenta "escurrir el bulto", según ha dicho la diputada de la CUP.

Eso es exactamente lo que han hecho esta semana en el Parlament las fuerzas del Govern, con los socialistas como escuderos, bloqueando la Comisión de Investigación sobre las residencias: mirar hacia otro lado esperando a que las 9.241 muertes por COVID que ha habido en las residencias de mayores desaparezcan. Aún cuando algunas de esas muertes tienen causas abiertas en Fiscalía por posibles negligencias.

Por el momento, la Comunidad de Madrid sólo ha respondido al Consejo de Transparencia que la investigación anunciada por la presidenta no era para uso "público", sino que sólo buscaba disponer de datos a nivel interno sobre la gestión de las residencias de mayores "para su conocimiento y, en su caso, propuesta de acciones o medidas adicionales".

Isabel García critica que los ayuntamientos "corren a poner un punto violeta en las fiestas como para que se les vea" y contratan a "gente que no tiene ni formación". Ironías del destino, hoy sabemos que la directora del Instituto de las Mujeres y su pareja han recibido al menos 64 contratos de ayuntamientos del @PSOE y también conocemos su falta de formación.

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza de su gobierno, ha dejado recientemente la alimentación de las residencias -en el sentido más amplio de la palabra, no solo en lo que a centros de mayores se refiere- en manos de las compañías que servían comida podrida en estos lugares, motivo que les ha costado una abultada sanción económica por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Estos son los sándwiches que la @ComunidadMadrid da a los usuarios de las residencias públicas. No podemos con tanta injusticia, ni con tanta impunidad.

La Asamblea da luz verde a la comisión sobre la esposa de Sánchez con el apoyo de PP y Vox, mientras que rechaza la relativa a las residencias por la mayoría de los populares.

Se trata de una medida que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy y que otros países europeos, como Portugal, ya habían eliminado