La entrada de PP y Vox en el Gobierno de Aragón arranca el flujo de contratos de publicidad con OkDiario, Estado de Alarma, Periodista Digital o El Debate. Estado de Alarma, de Javier Negre, ha obtenido 4 contratos menores por 25.748,95 € entre el último trimestre de 2023 y el 1er trimestre de 2024. Eduardo Inda y OkDiario obtuvieron 5 contratos por valor de 41.321 € y Periodista Digital 12.640 € por 2 contratos en 6 meses. El Debate ha obtenido un único contrato durante el primer trimestre por 4.235 €.

El órgano fiscalizador critica la falta de publicidad y que no se invitase a más de una empresa a participar

El president avanza la supresión de la Agencia Valenciana de la Energía, la de Digitalización y Ciberseguridad, la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular, la de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública por "duplicidades" con direcciones generales ya existentes Acusa al Botànic de "descontrol" en el sector público, con "enchufes masivos" y pagos sin autorización, y encarga un estudio individualizado de cada organismo para depurar responsabilidades "incluso penales"

La empresa privada participada por un alto cargo del Ejecutivo valenciano de PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, ha obtenido un contrato de una fundación pública de 953.724 euros. Es la mayor adjudicación de la administración autonómica que ha recibido la firma desde su creación hace 11 años. El secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanitat, el médico Bernardo Valdivieso, nombrado el pasado 26 de julio, posee un total de 9.195 participaciones de la empresa Mysphera SL...

Carlos Sosa, periodista y actual pareja de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha cobrado 12.000 euros por un contrato público concedido a dedo para la producción, grabación y edición de la campaña del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas. Esta ha sido financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fueron transferidos previamente a la Dirección General de Juventud del Ejecutivo de las Islas Canarias. La adjudicación se realizó ...

Según una auditoría externa, hay graves deficiencias en las obras y faltan lámparas en este municipio de Madrid

El contrato de Isabel Díaz Ayuso por un valor de 1,5 millones de euros en mascarillas y en el que se ha vinculado a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, con una importante comisión, no es el único que está en entredicho. La guerra abierta entre Ayuso y Casado puede servir para que destapen otros trapos sucios. Es el caso de otro contrato de mascarillas, pero esta vez en Castilla y León, con un valor de 410.000 euros y que se adjudicó a una empresa leonesa dos días antes de que se anunciara su constitución, tal como ha adelantado León Noticias.

Otros dos directivos han recibido millones en contratos públicos, como desveló Hordago-El Salto hace unas semana. El alcalde de Bilbao y su gabinete son quienes más veces han acudido al restaurante. Han desembolsado de media unos 2.000 euros anuales.

Sumar, en una iniciativa impulsada por Izquierda Unida, ha presentado este jueves un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para que el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles responda a una serie de preguntas sobre los contratos que el Gobierno español sigue firmando con empresas armamentísticas de Israel.

El PSdeG ha registrado en el Parlamento una solicitud formal para obtener la documentación relativa a los contratos "menores, ordinarios y urgentes" adjudicados por el Gobierno gallego a las empresas Eulen y Universal Support entre los años 2018 y 2024.

1º.- Para beneficiar económicamente a su familia– Feijóo cede la gestión de las 50 residencias sanitarias públicas a la empresa Eulen. 2º.- Para favorecer con dinero público la empresas privadas (que recorta de la Atención Primaria). Núñez Feijóo, como otros muchos políticos neoliberales, no tiene ningún interés en la Sanidad Pública ya que como paciente utiliza la sanidad privada cuando tiene problemas de salud, como en su reciente intervención por desprendimiento de retina.

Sigue dando que hablar el chorreo de contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a Eulen, la empresa en la que trabaja Micaela Núñez Feijóo, la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Y uno de los aspectos del caso que más llaman la atención es que, de una manera o de otra, los contratos públicos terminan en manos de la empresa del líder del PP a pesar de que no es la oferta económicamente más conveniente para las arcas de los contribuyentes gallegos.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pondrá en marcha a partir de septiembre una serie de medidas destinadas a investigar a fondo dos casos que han generado una gran controversia: los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a empresas vinculadas a la hermana de Alberto Núñez Feijóo y los pagos recibidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte de Quirón Salud.

Meses con retrasos en las nóminas, falta de personal y condiciones precarias. Este es el escenario al que se enfrenta el profesorado de las nueve escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid que gestiona Atreyu Blota Carto SL ante la actuación de la empresa y la consiguiente inacción del equipo de Isabel Díaz Ayuso, a cuyo cargo se encuentra este servicio público.

Eloína Núñez, exconcejala del PP en Ourense y médica de profesión con plaza de técnica superior de salud en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ascendió a la gerencia de los hospitales de Ourense pocas semanas después de que su primo alcanzara la presidencia de la Xunta, en mayo de 2009.

El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

EsRadio y Libertad Digital son dos de los medios favoritos de la Comunidad de Madrid para inyectarles ingentes cantidades de dinero público cada año en forma de contratos de publicidad institucional. Tan solo en 2023, Ayuso contrató publicidad institucional con los medios de Jiménez Losantos por valor de 560.544 euros más IVA. Si sumamos el Gobierno de Ayuso, una de sus empresas públicas y el Ayuntamiento de Almeida, Jiménez Losantos recibe unos 785.000 euros al año.

En Vox respetamos las opciones sexuales de cada uno, pero no pueden ser base para reclamar privilegios o para recibir favores económicos con cargo a los presupuestos de las administraciones

"Si los viajes de estos cargos del PP han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante una utilización espuria de los impuestos de todos los españoles para una absurda fotografía en el aeropuerto de Caracas"

El centro público sanitario de referencia en la capital catalana enfrenta la época estival con unos 400 profesionales y 272 camas menos después de una campaña de "no renovaciones" de contratos temporales e incluso de cierre de plantas.

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

Los esfuerzos del Gobierno andaluz por hacer ver que el desembarco en Sevilla de la Universidad Pontificia Comillas, con la adscripción de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios, no supone una nueva universidad privada en Andalucía han resultado en vano, vista la durísima reacción de todos los rectores de las universidades públicas.

El partido Más Madrid ha decidido llevar al Tribunal Constitucional (TC) el bloqueo por parte del Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso a las iniciativas destinadas a investigar los contratos realizados durante la pandemia de la covid-19 en la Comunidad de Madrid. Este movimiento se produce después de que la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, rechazara de manera sistemática las propuestas presentadas por los progresistas para establecer una comisión de investigación al respecto.

Plataforma Femar ha resultado adjudicataria de uno de los tres lotes que la Comunidad de Madrid sacó a licitación en verano del pasado año. Los pliegos técnicos señalan expresamente los requisitos de salubridad exigentes, sin embargo el criterio que realmente se ha tenido en cuenta para calificar las ofertas ha sido el precio. Presentar la candidatura más barata suponía obtener 100 puntos, el máximo posible en este tipo de concursos. Así, esta empresa presentó una oferta con una bajada en el precio de cerca del 32% sobre los 95.182 euros

El fraccionamiento de contratos –el mismo hecho que acabó con la condena a cuatro años de cárcel para Laura Borrás– se utilizó al menos en dos construcciones de centros de FP en Madrid. Se dividieron obras millonarias en facturas de menos de 40.000 euros para eludir todos los controles y la Fiscalía ya investiga uno de los casos

Dentro del conjunto de cambios legislativos producidos en materia religiosa durante la Segunda República cuatro medidas habían mermado severamente los tradicionales privilegios e intereses educativos de la Iglesia Católica: la retirada del crucifijo y símbolos religiosos de la escuela, la desaparición de la clase de religión obligatoria, la disolución de los jesuitas y la prohibición del ejercicio docente a las órdenes religiosas. La Ley que prohibía la docencia a las órdenes no perjudico los intereses económicos de la Iglesia.