Ante el acuerdo para frenar a los más ultras del Parlamento Europeo, poco ha podido hacer Patriotas por Europa (PfE, por sus siglas en inglés), el grupo de Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de Vox o del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Ser el tercer mayor grupo de la Cámara no ha sido suficiente para que sus tres candidatos, entre ellos Fabrice Leggeri, exdirector de Frontex, la agencia europea de fronteras, que el pasado 9 de junio resultó elegido eurodiputado en las listas de Reagrupamiento Nacional...

Una de las promesas del agitador ultra Luis Alvise Pérez durante su campaña en las elecciones europeas fue que renunciaría a los "2.400.000 euros" que cobraría durante una legislatura como eurodiputado. En su programa populista aseguraba que donaría ese salario entre sus seguidores. "No voy a cobrar un euro de la política porque no lo necesito", difundió en uno de sus canales. Sin embargo, el dinero máximo que podría "ceder" se fija en los 471.240 euros, la nómina neta que percibe un europarlamentario durante los cinco años de legislatura.

La Carta Colectiva del Episcopado español (1-7-1937) a los obispos del mundo con motivo de la guerra en España fue una idea de Franco y un instrumento para recuperar los privilegios secularizados por la República. Se inauguró la tradición en 1870 cuando obispos españoles del Concilio Vaticano I se dirigieron al Congreso de los Diputados para oponerse al proyecto de ley del Gobierno Provisional sobre la obligatoriedad del matrimonio civil. Desde entonces, ha sido una de las maneras de la jerarquía eclesiástica de intervenir en la vida política.

Quiles, periodista y jefe de prensa de Alvise Pérez -líder de la agrupación política de ultraderecha Se Acabó la Fiesta, que ha logrado 3 eurodiputados en las últimas elecciones europeas- publicaba ayer una fotografía de los jugadores Lamine Yamal y Nico Williams en X junto a una pregunta que ha escandalizado a muchos: "¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto?", comentaba Vito Quiles.

“Si se aplicaran las leyes migratorias que quieren PP y Vox, los dos mejores futbolistas de la selección no estarían jugando”, ha asegurado, en referencia a los jugadores de la selección Nico Williams y Lamine Yamal.

En 'Maldita.es' hemos analizado la actividad parlamentaria de los 66 eurodiputados españoles que han pasado por Bruselas en la última legislatura. Las actividades más numerosas son las explicaciones de voto, las preguntas por escrito o las propuestas de resolución, pero no son las más relevantes en términos legislativos, aunque sirven para visibilizar la labor de los grupos. La elaboración de informes u opiniones como 'rapporteur' es una labor más destacada y reservada a eurodiputados influyentes que son elegidos por los grupos parlamentarios.

El Partido Popular español apoya firmemente la candidatura de Ursula von der Leyen para un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea y no contemplaría un candidato alternativo como el italiano Mario Draghi, según ha declarado a POLÍTICO el presidente de la campaña del partido. "Estoy seguro de que Úrsula será la candidata que presentemos al Consejo", dijo Esteban González Pons, alto cargo del PP que dirige la campaña electoral europea de su partido. "Úrsula tiene nuestro claro apoyo".

El incumplimiento de las promesas electorales no entiende de fronteras y Milei ha hecho lo propio. Buena fe de ello tienen las empresas pesqueras gallegas con negocio en Argentina, a las que el presidente les ha clavado un impuestazo del 15% sobre los bienes exportados. No obstante, esta realidad no diferencia entre sectores y todas las compañías españolas deberán pagar más gravámenes que con el anterior Gobierno latinoamericano y las fotografías sonrientes no parecen cambiar el parecer de aquel que se autodenomina el “león de la libertad”.

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha afirmado que el modelo sanitario que realizan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el PP es "privatizar para robar" y ha enfatizado que ese "es el primer paso de la corrupción".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid teme que la nueva ley que ha impulsado la ministra de Sanidad, Mónica García, de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud liquide un modelo «consolidado» que «viene funcionando de una manera eficaz y eficiente». Para el Ejecutivo de Ayuso, los «principales perjudicados» de esta nueva legislación van a ser los pacientes y ha mostrado su «estupor» porque se haya puesto en marcha sin consultar ni consensuar con las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión sanitaria

La Junta Electoral de Galicia ha archivado el procedimiento sancionador abierto a la Consellería de Sanidade por haber enviado a dos días de las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero mensajes a los móviles de trabajadores del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para informarles de subidas salariales. La decisión se adopta porque no se ha podido identificar al responsable de la infracción.

Valonia y Bruselas mantienen la versión más avanzada de un cordón sanitario. Los demás partidos boicotean a cualquier cosa que se parezca al RN de Marine Le Pen en Francia, a Vox o a la AfD alemana, pero el pilar del cordón sanitario es mediático. Su teoría dice que sin oferta no hay demanda, que nadie va a votar a un candidato que no conoce. Y ni siquiera en los últimos años, con el crecimiento de la importancia de las redes sociales, la extrema derecha consiguió levantar la cabeza entre los belgas de habla francesa.

En todas las elecciones desde 1984, los partidos nacionalistas y ahora el bloque independentista (Junts, CiU, ERC, CUP, SI, JxSí, PdeCAT) han sumado mayoría absoluta en el Parlament a pesar de que en la mayoría de ocasiones no han superado el 50% de los votos. CiU, JxSí (la coalición con la que se presentaron Convergència y ERC en 2015) y Junts han sido tradicionalmente las candidaturas más beneficiadas por el sistema electoral en Catalunya.

En el foro promovido por El Español, con presencia de su presidente ejecutivo Pedro J. Ramírez, y Quincemil, ha asegurado que esta será la postura de la Xunta "por mucho que sean las presiones". "Que muchas veces nada tienen que ver con el proyecto en sí", ha expuesto sobre estas últimas en una intervención en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco). "La Xunta no se va a perder las oportunidades y lucharemos en todos los frentes", ha indicado en alusión, entre otros, al ámbito judicial.

Illa describe una situación y no pretende lanzar reproches: “Y lo prioritario no era comprar barato”. A su juicio, en aquel momento todos los responsables sanitarios hicieron lo mejor que pudieron para traer material de donde fuera, que era del mercado asiático. Sanidad compró las mascarillas quirúrgicas a una media de 0,42 € unidad, mientras que la Comunidad de Madrid pagó una media ponderada de 0,82 €. En mascarillas FFP2, el Ministerio y el INGESA compraron la unidad a una media de 2,23 €, mientras el precio medio de Madrid fue de 4,91 €.

Podemos y Sumar consiguen solo un escaño en el Parlamento Vasco sumando ambas candidaturas casi el 6% de los votos; EH Bildu, el partido más beneficiado por el sistema electoral

El Ayuntamiento de Madrid uso la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios para comprar material sanitario en la pandemia de coronavirus por más de 18,1 M €. Así se extrae de todos los expedientes de contratación entre marzo y octubre de 2020 sobre las que ahora el PSOE pide explicaciones en el seno de la comisión de investigación del Congreso. Ofertó al menos 16 convenios a través de esta cía local con las empresas LENO SDN -vinculadas a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina-, SINCLAIR & WILDE LTD y KUHENE & NAGEL S.A.

Keralty donó 75 millones de pesos a cinco partidos políticos colombianos contrarios a la reforma de la sanidad pública impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, y que trata de reducir el poder de multinacionales extranjeras como el grupo vasco. El Consejo Nacional Electoral investiga también el posible conflicto de intereses.

A raíz del 'caso Koldo', PSOE y PP han emprendido una guerra de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Los socialistas han registrado este martes una comisión en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas durante la pandemia. Los populares asumen que es un movimiento del PSOE para volver a poner sobre la mesa el caso del hermano de Ayuso o el de los comisionistas Luceño y Medina. Y por eso lo rechazan.