Desde el pasado mes de junio, la Diputación de Toledo, que gobiernan el PP y Vox, tiene vigente un convenio con Cáritas para la concesión de ayudas sociales destinadas a familias vulnerables con hijos a su cargo en pueblos de menos de 6.000 habitantes. En total, 183 localidades de la provincia. Está dotado con 300.000 euros hasta final de año y es la entidad diocesana la que se encarga de evaluar los casos conforme a los criterios de sus trabajadores y trabajadoras sociales.

1º.- Para beneficiar económicamente a su familia– Feijóo cede la gestión de las 50 residencias sanitarias públicas a la empresa Eulen. 2º.- Para favorecer con dinero público la empresas privadas (que recorta de la Atención Primaria). Núñez Feijóo, como otros muchos políticos neoliberales, no tiene ningún interés en la Sanidad Pública ya que como paciente utiliza la sanidad privada cuando tiene problemas de salud, como en su reciente intervención por desprendimiento de retina.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha trasladado este miércoles un mensaje de «tranquilidad, prudencia y rigor científico» ante el virus de la viruela del mono (rebautizado como mpox) y ha pedido al PP que «contenga sus alarmas innecesarias y sus mensajes anticientíficos».

Meses con retrasos en las nóminas, falta de personal y condiciones precarias. Este es el escenario al que se enfrenta el profesorado de las nueve escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid que gestiona Atreyu Blota Carto SL ante la actuación de la empresa y la consiguiente inacción del equipo de Isabel Díaz Ayuso, a cuyo cargo se encuentra este servicio público.

Las comunidades autónomas gestionan la sanidad y educación. Por eso es política, y nada más que política, la hoja de ruta ultraliberal diseñada en las comunidades gobernadas por el PP para destruir la sanidad y educación públicas a favor del negocio privado, trasvasando dinero a concertadas y privadas, mucho más caras y a las que, por el deterioro de servicios, acudirán en masa los desencantados que las puedan pagar para regocijo del negocio capitalista.

El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

EsRadio y Libertad Digital son dos de los medios favoritos de la Comunidad de Madrid para inyectarles ingentes cantidades de dinero público cada año en forma de contratos de publicidad institucional. Tan solo en 2023, Ayuso contrató publicidad institucional con los medios de Jiménez Losantos por valor de 560.544 euros más IVA. Si sumamos el Gobierno de Ayuso, una de sus empresas públicas y el Ayuntamiento de Almeida, Jiménez Losantos recibe unos 785.000 euros al año.

En Vox respetamos las opciones sexuales de cada uno, pero no pueden ser base para reclamar privilegios o para recibir favores económicos con cargo a los presupuestos de las administraciones

"Si los viajes de estos cargos del PP han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante una utilización espuria de los impuestos de todos los españoles para una absurda fotografía en el aeropuerto de Caracas"

El centro público sanitario de referencia en la capital catalana enfrenta la época estival con unos 400 profesionales y 272 camas menos después de una campaña de "no renovaciones" de contratos temporales e incluso de cierre de plantas.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, no ha comparecido en comisión ni una sola vez en este primer año de legislatura. Ha habido 35 peticiones de comparecencia a la consejera registradas -al cuerpo de la Consejería de Sanidad hay más-, y ésta no ha acudido a ninguna de ellas, ya que delega en otro cargo de su cartera. Además, también hay 425 preguntas de control al gobierno registradas, y tampoco ha acudido a ninguna.

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado el acuerdo con el PSOE por el que se compromete a retirar el recorte de la prórroga del escudo social

Los esfuerzos del Gobierno andaluz por hacer ver que el desembarco en Sevilla de la Universidad Pontificia Comillas, con la adscripción de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios, no supone una nueva universidad privada en Andalucía han resultado en vano, vista la durísima reacción de todos los rectores de las universidades públicas.

Pacientes electrodependientes tuvieron que ir al Congreso a pedir entre lágrimas que no los apaguen. El gobierno no contesta las renovaciones, hay cortes de luz y recortan insumos diciéndoles que "no son vitales".

Dentro del conjunto de cambios legislativos producidos en materia religiosa durante la Segunda República cuatro medidas habían mermado severamente los tradicionales privilegios e intereses educativos de la Iglesia Católica: la retirada del crucifijo y símbolos religiosos de la escuela, la desaparición de la clase de religión obligatoria, la disolución de los jesuitas y la prohibición del ejercicio docente a las órdenes religiosas. La Ley que prohibía la docencia a las órdenes no perjudico los intereses económicos de la Iglesia.