La situación en torno al Partido Popular (PP) y su postura sobre la deslealtad constitucional, en contraste con su comportamiento respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), refleja una notable ambivalencia y, sin ninguna duda, hipocresía en su enfoque político.Los populares por un lado proponen una legislación para proteger la Constitución, pero por otro, su acción (o inacción) en la renovación del CGPJ refleja una clara maniobra para proteger sus intereses políticos, incluso a costa de la salud institucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de España contra varios apartados de la ley trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. “El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas, desde la fecha de interposición del recurso (26 de junio) para las partes de los procesos”.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PP agotará los plazos para presentar su recurso sobre la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional tras conocer el fallo del Supremo. Feijóo ha dicho en Onda Cero que es una "ley chapuza" y que el Supremo ha marcado el camino, descartando la amnistía para los condenados por malversación del procés. Sobre el Constitucional, Feijóo ha planteado dudas en cuanto a su imparcialidad y habla de una composición inmoral del tribunal.

Tras robarnos el PP durante toda una legislatura la representación democrática en el CGPJ nacida de las urnas, impresiona ver el desparpajo con que Feijóo destruye la realidad desplegando indecencia con tanta desfachatez que es que no se le mueve ni un músculo de la cara.

Los borradores de las ponencias del Tribunal Constitucional proponen avalar la reforma de la ley del aborto, que permite interrumpir el embarazo a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, así como la ley para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como Ley Zerolo.

El Gobierno de Aragón ha rechazado lograr un consenso con el Gobierno tras el informe de la ONU.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE de Madrid contra la ley patrocinada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reformar a su medida instituciones clave de la región como la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia o Telemadrid, según comprobó EL PAÍS.

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha anunciado su intención de avalar de forma íntegra la ley de protección de la infancia de 2021, bautizada como 'Ley Rhodes', frente al recurso de Vox. La mayoría del pleno ha votado a favor de que el conservador Enrique Arnaldo redacte una nueva ponencia en la que avale la medida que permite retirar la custodia a un maltratador, así como otros puntos como la implantación de parentalidad positiva o la educación en “diversidad sexual y de género”.

La investigación abierta en la Asamblea de Madrid contra Vox por activar en el último pleno el escaño de un diputado ausente y votar en su lugar cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que en 2006 dio por bueno que el Parlamento Vasco hubiera sancionado durante un mes a Carlos Iturgaiz (PP) por dar de alta como presente a un representante que no estaba en la Cámara. En el caso actual, son dos los diputados del partido de extrema derecha los que están en la diana.