La Organización de Consumidores y Usuarios arremete contra la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por atentar contra la libertad de elección del consumidor, ya que obliga al pago de la renta a través de medios electrónicos, lo que supone una discriminación a millones de personas que se encuentran en riesgo de exclusión financiera. "La limitación del pago mediante efectivo de las rentas del alquiler de vivienda contraviene la normativa de consumo, el Código Civil y el Tratado de la Unión Europea", han apuntado desde la OCU.