Quedan cinco meses de 2022, pero el Gobierno ya ha dado el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Ayer aprobó el techo de gasto, que marca un nuevo récord. Los próximos meses serán claves para aprobar unas cuentas públicas que marcarán el devenir político del país. El año que viene está plagado de citas electorales -con las municipales y autonómicas en mayo y las generales a finales del curso-, lo que podría entrañar más dificultades a la tarea más importante del Ejecutivo.

"El grado de interconexión es del 30% y eso supone que varios millones de metros cúbicos de gas pueden ser transferidos de España al resto de Europa", dice la Comisión. Ejecutivo comunitario ignora así la rebeldía contra el plan de la CE liderada por la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y secundada por países como Portugal, Grecia o Polonia. El portavoz de Energía, Tim McPhie, señaló "no es solo una cuestión de gasoductos entre la península (ibérica) y la UE, sino también de redireccionar la energía, a otros puertos".

La propuesta de Bruselas no ha sentado demasiado bien en los despachos de la Moncloa. De hecho, el Gobierno español manifestó este miércoles su rechazo al plan de la Comisión y empleó un tono inusualmente duro para criticar una medida que considera injusta: «Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa», aseguró la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La Comisión Europea acaba de aprobar una proposición de ley para crear un instrumento que refuerce a la industria militar europea a través de la compras conjuntas de al menos tres países. La iniciativa había sido propuesta por el Consejo Europeo, es decir los propios países miembros que habían reclamado a la Comisión un instrumento para reforzar las capacidades de la industria militar europea a través de adquisiciones conjuntas de material a empresas basadas en Europa y que si no son propiedad de europeos, al menos cumplan con las regulaciones.

"Unidas Podemos presentará una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar las cloacas mediáticas. Este ataque va más allá de Podemos, es un ataque directo a la democracia"

“En estos Presupuestos, el Gobierno se juega su reelección”, ha asegurado este sábado la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. “O hacemos unos Presupuestos a la altura de lo que está exigiendo la ciudadanía –la ciudadanía en España, no el líder de otra potencia– o los próximos presupuestos los harán [el líder del PP, Alberto Núñez] Feijóo y [el de Vox, Santiago] Abascal y, esos sí, serán violencia contra la mayoría social en nuestro país”, ha añadido ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido.

Indignación entre los taxistas por la nueva Ley de Transportes aprobada por la Comunidad de Madrid. En su opinión, supone un nuevo guiño a las multinacionales que copan los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Ante esto, la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) ha denunciado ante la Comisión Europea la reforma aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y coordinadora de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que su grupo ha pedido “la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la coalición” para abordar los recientes choques con el PSOE por el aumento del gasto militar comprometido por el presidente, Pedro Sánchez, o acerca de las medidas que se deben aprobar para hacer frente a la creciente inflación.

El PSOE y Unidas Podemos, tras meses de negociación, han acordado que el fondo público para compensar a víctimas del amianto se financie con los Presupuestos Generales del Estado. Estas indemnizaciones alcanzarán no solo a trabajadores, sino también a afectados ambientales o domésticos por el contacto con este material contaminante.

La Junta de Portavoces, con el apoyo mayoritario del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JxCat, PdeCat, la CUP y BNG, ha decidido crear una comisión de investigación sobre la presunta intromisión a la soberanía de Andorra por parte de responsables políticos españoles y de "entramados parapoliciales" en el marco de la Operación Catalunya.

El carpetazo de la investigación sobre las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso por parte de la Fiscalía Anticorrupción no ha contentado a todos en el Partido Popular. Los más fieles a Pablo Casado mantienen que no es ético que Tomás Díaz Ayuso ganase el dinero que apunta el auto del fiscal Alejandro Luzón por su labor de mediación en un contrato de la Comunidad de Madrid. «Otra cosa es que me siga pareciendo horrible el enriquecimiento del hermano a costa de la Administración que preside Ayuso»

a iniciativa del presidente Pedro Sánchez, la más ambiciosa y adornada desde su llegada a La Moncloa, no registra ninguna actividad un año después de su puesta en marcha. Tras unos primeros siete meses de coloquios, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Largo Plazo, incubadora del proyecto España 2050, dejó de emitir señal de actividad el pasado diciembre. Han pasado seis meses sin que nada se sepa de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia a Largo Plazo, aunque ésta aparece en los PGE (epígrafe Programa 912M.

Pregunta: ¿Por qué no está sucediendo esto? Estos son los presupuestos de defensa de 2021, que superaron los 2 billones de dólares (fuente : en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_c ountries_by_military_expenditures )

Recortar el “gasto político” es uno de los objetivos que marcó Vox en su gobierno de coalición con el Partido Popular en Castilla y León. Desde las filas del partido de Abascal presumen de haberlo hecho ya, pero los números dicen lo contrario. El Ejecutivo cuenta con 99 altos cargos, seis más que en la anterior legislatura, y ha cubierto todo el cupo de eventuales duplicando el gasto (los cargos a dedo que ocupan puestos de jefes de prensa en las consejerías, de asesores o incluso de responsables de redes sociales).

El líder del PP arremete contra la “baja ejecución” del primer paquete de ayudas y reclama a la Comisión “desbloquear” los fondos de recuperación, cuando España es el único país que ya ha pedido el segundo tramo frente a otros que aún no han recibido la tanda inicial.

La inversión real ejecutada en la Comunidad de Madrid en 2021 se eleva a 2.086 millones de euros, mientras que la presupuestada era de 1.113,8 millones de euros, lo que supone una ejecución del 187,3%.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido una queja sobre el caso y le ha pedido a la Comisión Europea (CE) que inicie una investigación "preliminar". La denuncia se basa en que condenar a una persona por revelación de secretos cuando está destapando un caso de fraude supone una "flagrante violación" de la Directiva europea que protege a los conocidos como whistleblower, o alertadores sobre casos de corrupción.

¿Conoces a alguien que viole las sanciones de la UE contra Rusia o Bielorrusia? Hemos creado una herramienta online para que se denuncien estas violaciones de las sanciones de la UE. Puedes poner tu denuncia en cualquier idioma de la UE.

A medida que el cruce de amenazas y sanciones entre Rusia y la Unión Europea escala, Bruselas se prepara ante un posible corte de suministro de gas ruso. La Comisión Europea ha elaborado un plan de contingencia en el que se incluyen medidas de reducción voluntaria del consumo de gas en los Estados miembros y un tope de precio en el mercado europeo. Se trata de un mecanismo para evitar la competencia entre los países europeos por el gas, según apuntan fuentes oficiales europeas.

Han declarado ante la Guardia Civil y ahora tienen que hacerlo ante el juez. El juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga la operación Taula ha citado a todos los concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia en calidad de investigados (lo que antes se denominaba imputados) después de que hayan pasado por la comandancia de la Guardia Civil. El magistrado quiere saber si presuntamente ayudaron a "blanquear" las comisiones que el PP Valenciano recibía de al menos quince empresas investigadas en esta nueva fase