El diputado del PNV Mikel Legarda cree que habrá acuerdo en la Ley de Amnistía porque, si cae el Gobierno, la alternativa es un Gobierno de PP y Vox, y los más perjudicados serán los beneficiarios de esa norma. Además, considera que la legislatura no está en riesgo y que habrá Presupuestos aunque puedan retrasarse.

Ayuso ya ha concedido todas las reivindicaciones que el lobby ultra Hazte Oír y su plataforma internacional CitizenGO, exigieron a quien quisiera contar con su apoyo y el de sus miles de socios para el 28M. Medidas antiaborto y antieutanasia, proteger el Valle de los Caídos y los símbolos religiosos, leyes para proteger a las familias… «Ayuso por fin cede a nuestra presión», escribió Ignacio Arsuaga, fundador del lobby después de que se derogara la Ley Trans en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño sugiere que la ley electoral favorece a las formaciones independentistas, como ERC, Junts o EH Bildu, en las elecciones generales. Los datos, sin embargo, demuestran lo contrario.

El PSOE ha planteado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no debería desear la ilegalización de formaciones políticas por falta de "lealtad constitucional", ya que la llamada 'operación Cataluña' es un "Watergate en toda regla" que deja a la formación popular en una posición comprometida. Las informaciones publicadas por La Vanguardia y elDiario sobre el asunto evidencian que los populares "usan todo el Estado como si fuese suyo". "Por eso tienen ese concepto del Gobierno de España como un patrimonio que no puede serles arrebatado."

El texto pactado establece, entre otros, objetivos concretos en torno a la penetración de energías renovables para 2030 y el pago de un canon para las empresas que instalen parques renovables. Asimismo, el Gobierno Vasco deberá llevar a cabo un plan de desinversión de combustibles fósiles.

El ministro Jorge Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes. Las notas, muchas con información falsa, se filtraban a la prensa y en una de ellas se reconoce que el banco andorrano que entregó las cuentas de los Pujol lo hizo coaccionado para que no le retirasen la licencia para operar en España.

Arroyomolinos sólo dedica a la partida social 19,62 euros por habitante cuando la media nacional se sitúa en 119,61, según el estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS). “Somos de los municipios más jóvenes y faltan servicios sociales; este equipo de gobierno apuesta más por el postureo, por las fiestas, por ejemplo, y a la hora de gestionar las cosas de comer, nada”, explica Pascual Jiménez, portavoz del PSOE en el municipio, que está gobernado por PP y Vecinos por Arroyomolinos.

La norma, que pretende derogar delitos como el de injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos, ya fue registrada con un texto prácticamente idéntico por Unidas Podemos en la anterior legislatura. La proposición de ley impulsada por el partido de Yolanda Díaz pretende derogar hasta cinco delitos: ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público, ofensas a España y sus símbolos, injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y las injurias al Gobierno y a sus instituciones.

La malversación es el principal escollo que ve la Unión Europea en la ley de amnistía, algo que el PP no tiene en cuenta a la hora de enmendarla. Lo realmente llamativo es que el PP no proponga aumentar las penas por malversación, una cuestión que llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23J y que ha sido una de sus principales consignas políticas durante el pasado año. Y es que Bruselas plantea, precisamente, reformar el delito de malversación para endurecer las penas, pero ni el PSOE, ni el PP parecen tomar cartas en el asunto

Del escudo social se han quedado fuera cuestiones vinculadas a la limitación de contratos en vigor para evitar subidas “abusivas” a los inquilinos o mejoras tales como duplicar la cuantía del impuesto a la banca. No obstante, la ampliación del bono social eléctrico se antoja como una de las grandes pérdidas de este nuevo decreto.La coportavoz morada exige al Gobierno que convierta en permanente la rebaja del transporte público, así como la aplicación de un control de precios a alimentos básicos y establecer un control de los tipos de interés má

Frente al ruido, los datos. Frente a los videntes de la vorágine, las cifras. Y frente al “España se rompe” que corea la oposición, Pedro Sánchez trata de imponer un marco que no habla de referéndum ni de amnistía ni de ETA ni de Bildu ni de naciones… Sólo de las cosas de comer. A saber: el SMI, las pensiones, las ayudas al transporte público, la suspensión de los desahucios, la reducción del IVA de los alimentos y, en definitiva, la protección de los más desfavorecidos.

Mientras la vivienda siga siendo un bien como cualquier otro en este sistema, es decir, una mercancía, una propiedad en manos privadas, sin planificación estatal con base en las necesidades sociales, su acceso no estará garantizado como derecho. Hace falta una sociedad nueva, radicalmente distinta; no una sociedad donde unos pocos gestionan las migajas que nos dejan desde parlamentos y gobiernos capitalistas, sino una sociedad que se construye a partir de la organización en nuestros centros de trabajo y en nuestros barrios.