La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha declarado este viernes día 13, entre otras ideas ideales sobre las eléctricas, que en realidad lo de los cargos públicos que pasan a empresas privadas viene a ser como la chica de la curva, una leyenda urbana. "Hay un poco de leyenda con respecto a las puertas giratorias, por mucho que nos pueda parecer mejor o peor el que un ciudadano que ha ejercido una función pública pase a un consejo de administración", ha declarado.¨ Ahí va la lista

(...)El sumario también se refiere al presunto pago de comisiones ilegales. La pista proviene de otro pinchazo telefónico, en el que el colaborador de Moreno habla con un empleado de oficina. Este trabajador le dice que cuánto tendría que darle al "tío ese de la empresa municipal de la vivienda", que, según él, sería el primo carnal de Almeida. Añade que Almeida le ha dicho que no puede llamar a nadie para eso, pero que le ha pasado el contacto de algunos abogados de la Agencia Municipal de la Vivienda, que tienen orden, dice, de hacerle caso.

El modelo eléctrico patrio es un fracaso sin paliativos. Perjudica seriamente a los bolsillos de las familias y representa un lastre para nuestro sector productivo. Eso sí, ha sido y es tremendamente lucrativo para sus consejos de administración y sus principales accionistas, en su mayoría capital extranjero. Por no hablar de las puertas giratorias...

El oligopolio de las eléctricas de este país se ha convertido en una auténtica mafia o cartel y este gobierno a pesar de ser progresista está fallando a las clases trabajadoras por no enfrentarse directamente a las eléctricas.

El Partido Popular justificó este viernes su última negativa a cerrar un acuerdo con el Gobierno para renovar el Poder Judicial, el enésimo bloqueo de Pablo Casado desde que en 2018 se caducó el mandato del actual máximo órgano de los jueces, en su pretensión de "acabar con las puertas giratorias en la Justicia". Esa fue la argumentación de la dirección del PP para defender su veto a uno de los dos nombres propuestos por Unidas Podemos para el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).