Más de dos años después de su inesperada dimisión, una sentencia acaba de desvelar el verdadero motivo por el que el vicesecretario de Organización de Vox en Castellón, David Muñoz, presentó su renuncia al escaño en las Cortes Valencianas: plagió el trabajo de una alumna para presentar una iniciativa parlamentaria.

El Gobierno de Macron ha defendido su decisión de pagar a consultores privados 2.400 millones de euros por informes y asesoramiento desde 2018 alegando que el Reino Unido gastó 40 veces más. Macron ha sido especialmente criticado por las relaciones del gobierno con McKinsey, una consultora estadounidense con la que tiene estrechos vínculos, que ha sido acusada de no pagar el impuesto de sociedades en Francia durante al menos la última década.

El Gobierno ha alegado que viene desarrollando un "extraordinario" volumen de producción legislativa para justificar que el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón decidiese recurrir a un despacho privado, en vez de la Abogacía del Estado, para contratar por 12.000 euros un informe jurídico sobre la trasposición de una directiva europea.

El Gobierno maneja informes jurídicos que permitirían limitar ese privilegio del Rey sin necesidad de tocar la Constitución. Las medidas de transparencia están congeladas y la Moncloa y la Zarzuela se achacan la responsabilidad de tomar la iniciativa. Esa decisión enviaría un mensaje rotundo y marcaría un antes y un después en el reinado de Felipe VI al renunciar a una prerrogativa que tiene su origen en el medievo, cuando las monarquías nacían del mandato divino.

La pandemia las golpeó primero y los relatos de situaciones dramáticas vividas dentro de las residencias de mayores se multiplicaron. "Lo dimos todo", defiende Beatriz Fernández, trabajadora en una residencia privada de Ferrol perteneciente a DomusVi. Ahora, tras dos años con el convenio colectivo caducado, sin actualización salarial desde 2018 y con una carga de trabajo y una presión "brutal" en los centros, las trabajadoras "se sienten estafadas", dice. Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han convocado una huelga indefinida en centros residencia

El gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la Ley de Seguridad Nacional para su tramitación parlamentaria. Con esta ley pretende conocer los recursos públicos y PRIVADOS de los que puede disponer en momentos de crisis.

Las lógicas de mercado han penetrado en el organismo de salud por un control político de corte neoliberal, multiplicándose y diseminándose por las diferentes áreas hasta colapsar la atención primaria. Cuando el sistema ya no funciona bien, las empresas privadas se hacen cargo de las funciones públicas.

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) está impulsada por el Instituto de Formación Profesional Medac, vinculado al Consejero de Educación

Entre el mes de febrero de 2020 y finales de enero de 2022, el periodo marcado por el impacto de la pandemia, el mercado laboral habrá logrado crear unos 429.000 empleos más respecto al momento en que estalló la crisis sanitaria, y la cifra total de afiliados a la Seguridad Social cerrará el presente mes al borde de los 20 millones de ocupados. Ahora bien, estas cifras esconden un hecho relevante: el 53% de los empleos creados en el periodo de pandemia corresponden al sector público.

El nuevo decreto-ley de la Junta para la simplificación administrativa y la mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía introduce modificaciones legales para reducir los trámites y requisitos exigidos para autorizar conciertos sanitarios con centros privados al unificar las fases de homologación, acreditación y autorización en un único procedimiento.

Tenemos un modelo educativo en el que la norma cada vez más es la financiación pública de los centros privados y la privatización de cualquier servicio en los centros públicos. Se confunde intencionadamente la titularidad con la gestión de los centros públicos, para no dejar en evidencia que, menos el personal docente y algunos servicios auxiliares mínimos, toda la red pública está privatizada, además de cobrar por multitud de conceptos pequeñas cantidades que de facto hacen imposible denominar a la red pública como gratuita.

Con 79 años, abandona una cartera a la que llegó como experto en la materia pero con nulo rodaje político: a pesar de las críticas ha sacado adelante varias reformas, pero se deja a medias la Ley del Sistema Universitario

Entrevista con Alejando Zaera-Polo, arquitecto madrileño y antiguo decano de la universidad de Princeton.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido hoy que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano lo hagan en centros privados. En su opinión, es un "error" convertir la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña en un problema y politizarlo, así como relacionarlo con el conflicto independentista. "No se debe convertir en un problema lo que no lo es", ha asegurado la primera edil, después de que este martes el Tribunal Supremo (TS) reafirmara la obligación de un mínimo de un 25% de enseñanza en castellano...

La cuantía sin precedentes de los casi 500 millones que saltándose los procedimientos administrativos ha pagado la Comunidad de Madrid al mayor hospital del gigante sanitario Quirón desde enero de 2020, la Fundación Jiménez Díaz (FJD), ha puesto sobre la mesa una cuestión nunca resuelta: la existencia de un sistema laberíntico y lleno de recovecos que impide saber en tiempo real cuántos millones le cuesta el FJD al sistema público madrileño y a cambio exactamente de qué. La última liquidación contable conocida se remonta a 2015.

La Audiencia Nacional ha desestimado por segunda vez el recurso de la Abogacía del Estado contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligó al Ejecutivo a informar sobre los viajes privados realizados en medios oficiales por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Primero lo hizo el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia y ahora lo ha hecho la sección séptima de la sala de lo contencioso administrativo en una sentencia en la que, además, impone las costas procesales a la Abogacía

El ministro de Universidades, Manuel Castells, va a permitir que los estudiantes se matriculen y accedan a un máster universitario aunque no hayan superado el trabajo de fin de grado (TFG). La medida, que se plantea para casos excepcionales, está recogida en el Real Decreto que establece la Organización de las Enseñanzas Universitarias y del Procedimiento de Aseguramiento de su Calidad, aprobado ayer en el Consejo de Ministros.

La incorporación del exvicepresidente del Gobierno a un grupo de investigación de la UOC contrasta con el puesto asignado al ex representante de Cs.