La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, el PP y Vox, ha rechazado este miércoles la última comisión de investigación registrada sobre la figura de Juan Carlos I, impulsada por Unidas Podemos y ocho partidos, que ya es la decimoquinta que se ha planteado en estos casi dos años de legislatura.

Herrera ha confirmado el encuentro, aunque ha evitado entrar en detalles sobre la conversación: "Ha sido una comida muy agradable. Don Juan Carlos está estupendamente bien y muy animado [...]". El comunicador se muestra convencido de que el Emérito "está deseando volver a España" cuanto antes, aunque es consciente de que las circunstancias políticas no hacen fácil esta posibilidad. Herrera promete que expondrá en su programa de la Cope -o en las páginas del diario ABC, del que es columnista- su opinión sobre el exilio forzado de Juan Carlos I.

Jefes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) censuraron entre 2012 y 2014 algunos de los informes elaborados por Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, antes de que llegarán al juez que instruía la causa. Las correcciones pretendían, en la mayoría de los casos, proteger a los dirigentes del Partido Popular implicados en la causa y evitar nuevas investigaciones sobre hechos delictivos destapados en el proceso, según Morocho. Este inspector de policía ha puesto las pruebas de la supuesta censura policial

Isabel Díaz Ayuso asegura que Pablo Casado coincide con ella en que el Gobierno y los independentistas quieren ponerle "una trampa" al rey.

Dentro del anacronismo de dos instituciones milenarias como la iglesia católica y la monarquía, el Arzobispado Castrense resulta una anomalía aún más singular. Disfruta de en rango militar –equivalente a general de división–, con sueldo pagado por el Ministerio de Defensa de unos 5.000 euros al mes para defender la fe católica dentro de las Fuerzas Armadas... pero cuyo nombramiento es el único que no depende en último término del Papa.

Los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han destapado y desarticulado numerosas tramas de corrupción de una amplia gama de colores políticos en lo que va de siglo. Pero, en 2019, esos dos cuerpos de funcionarios (el policial y el judicial) se encontraron con un caso distinto: una supuesta red de comisarios corruptos que había usado fondos reservados del Ministerio del Interior para una operación secreta, a espaldas del juez, consistente en tapar la corrupción del partido que gobernaba