La CE exigió que la negociación y acuerdo sobre la reforma laboral contara con la presencia-veto de la CEOE. Ello supuso, de entrada, abandonar la promesa de derogar la reforma laboral de Rajoy. Luego, tras el acuerdo logrado entre Gobierno-CEOE-CCOO/UGT, éste fue convertido en texto sagrado y, tras una tramitación inflexible y una votación de sainete, el Decreto Ley ha sido finalmente aprobado. El gobierno está feliz: lo importante no es si el gato es pardo o gris, sino que cace ratones. Lo demás no importa.

Este lunes laSexta publicó en exclusiva una carta que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le felicita por la ejecución de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Maldita.es ha consultado a la Comisión Europea cuál era el significado de esta carta dirigida al presidente del Gobierno de España y aseguran que es una "respuesta de cortesía” a una carta anterior y que es algo que hará con cada país de la Unión Europea.

El Plan de Vivienda de Alquiler Asequible propone promover desde el Estado 100.000 pisos, de los cuales 50.000 serían parque público de vivienda que se quiere construir, a largo plazo, mientras que la otra mitad serán de colaboración público-privada, e incluirían las 15.000 viviendas ya comprometidas por el Sareb a las comunidades autónomas, las 11.000 viviendas del fondo social bancario y las otras 30.000 que están negociándose con fondos y grandes tenedores para que las saquen al mercado a un "precio social",

El PP ha lanzado una campaña contra la gestión de los fondos de recuperación de la UE por su supuesta opacidad y arbitrariedad, aunque los primeros números no respaldan el descontrol. Comenzó la comunidad de Madrid al denunciar ante los tribunales un reparto de una mínima porción de los fondos, una partida de nueve millones de euros, de un total de 11.151 millones, que concedió el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en tres ocasiones, la Comisión Europea, por medio comisarios distintos, ha contestado que los fondos se someterán a control y que,

"Lo que ocurre es que el debate en España se empequeñece cuando el gobierno se lo apunta como un mérito suyo y la oposición no se sabe lo que dice, en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos sufrido. En lugar de celebrarlo, lo convertimos en un enfrentamiento político"

La Comunidad de Madrid recibió el año pasado de los fondos europeos para paliar los efectos de la crisis sanitaria 1.213 millones de euros. Por tanto, más que la Comunidad Valenciana (1.055 millones de euros), la CAV (481 millones), Extremadura (435 millones) y Navarra (207 millones de euros), comunidades todas ellas a las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado de "trato de favor", por lo que ha recurrido las ayudas recibidas por las mismas.

Según el Diario Oficial de Galicia (DOG), la ayuda concedida a la asociación de empresarios tiene por objeto "instalar la escultura denominada El Crucero Gallego [en español en el original], un crucero en piedra realizado por el escultor Santiago Besada, en Bay Front Park de Miami, como símbolo que contribuirá a mantener y reforzar los vínculos con Galicia y a poner en valor nuestra comunidad, su cultura y tradiciones entre la colectividad gallega de Florida y el resto de la población estadounidense".

El dinero fue entregado a Cubana de Aviación el 20 de julio de 2021, bajo un instrumento de "subvención y entrega dineraria sin contraprestación", establecido el 30 de abril del pasado año en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como una "Línea Covid de ayudas directas" para "apoyar la solvencia del sector privado". "Cumpliendo con la legislación vigente", el ejecutivo de Díaz-Ayuso se limitó "a entregar el dinero decidido por el Gobierno de Pedro Sánchez", en referencia al Real Decreto Ley 5/2021, de carácter nacional.

El dinero, siempre en efectivo, lo tenía en sobres en la caja fuerte de su despacho de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía. Admite medio millón de euros en once años a través de "gratificaciones" con cargo a los fondos reservados porque "se jugaba la vida" en las operaciones que le encomendaban.

El líder del PP lleva meses acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir a Bruselas para que las ayudas llegaran a España. Desde la pasada semana, cuando la Comisión Europea anunció la aprobación de los 10.000 millones de euros, no se ha pronunciado sobre el asunto. La hemeroteca está llena de referencias de la formación que lidera Pablo Casado intentando desprestigiar a España. Para la UE se han cumplido los objetivos del plan de recuperación vinculados a este pago. Algo que Casado lleva poniendo en duda durante varios meses.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva regulación del Fondo para la Competitividad de las Empresas Turísticas (FOCIT), dotado actualmente con 565 millones de euros, y que estará dirigido a financiar, con préstamos, proyectos de empresas que mejoren la competitividad del sector turístico, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, accesibilidad, eficiencia energética y economía circular.

Con este anteproyecto de ley, el gobierno intenta superar una asignatura en la que han embarrancado una sucesión de ejecutivos de todo color: poner en marcha unas políticas activas de empleo eficaces.

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha asegurado que la Comisión Europea pone "una pistola en la cabeza" de su Gobierno para que cumpla las exigencias en materia de reformas y Estado de Derecho, considerando que un hipotético bloqueo de los fondos de recuperación supondría desatar la "tercera guerra mundial"

"No podemos ni vamos a tolerar que se pongan en riesgo los valores comunes", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen: "Vamos a defender el derecho europeo en nombre del pueblo polaco".

El Gobierno utilizará los fondos europeos para lanzar su 'oficina' del español. Se trata de un "plan de país" que Pedro Sánchez anunció hace unas semanas y que busca potenciar el idioma, así como las lenguas cooficiales, en iniciativas empresariales ligadas con la inteligencia artificial. El proyecto no es nuevo, sino que se inspira en uno lanzado hace ya seis años por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que no consiguió la financiación necesaria para ser desarrollado.

En el proyecto de Presupuestos, ya se incluyen partidas para financiar nuevos centros de la Administración central fuera de Madrid. En el proyecto de Presupuestos para 2022, se incluyen ya partidas en esta línea para apoyar la Red Nacional de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial, incluyendo el Spain Talent Hub, "destinado a la creación de un nodo de información para atracción y retención del talento", financiar el nuevo Centro Estatal de Salud Pública o el futuro Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Seguridad Social en Soria.

Una de las medidas contenidas en la previsible Ley de Vivienda será la de limitar los precios de las rentas de grandes propietarios de pisos en zonas que se declaren tensionadas en el mercado de alquiler. Según los cálculos del Gobierno, unos 150.000 pisos podrían entrar en esta regulación. El anuncio del PP de que sus autonomías no van a poner en marcha las medidas reduciría aún más esa cifra (nota: hay más de 20,9 millones de viviendas en España)

El PSOE ha elevado hoy a la Fiscalía Provincial por si fuera constitutivo de algún tipo de infracción penal “el pago con fondos públicos municipales de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro para abonar la condena por un delito de injurias cometido durante su etapa de vicepresidenta de la Diputación de Granada”.

El acuerdo alcanzado este martes en el Gobierno para aprobar la futura Ley de Vivienda estatal tiene letra pequeña. Una de las 'cláusulas' de la normativa en ciernes afecta a los grandes tenedores personas jurídicas, que son, en realidad, los fondos de inversión o entidades financieras. El Ejecutivo ha acordado en este sentido contemplar una moratoria de 18 meses para la aplicación de la norma a estos grandes tenedores.

La Audiencia de Barcelona cree que la visita de Josep Lluís Alay para asistir al referéndum de autodeterminación del territorio francés era un gasto particular y no institucional