En enero, el Gobierno de Baleares expresó que le gustaría aprobar una ley para prohibir la compra de vivienda a no residentes ante la situación de su mercado inmobiliario. La mayoría de sus críticos le recordaron que la medida sería contraria a la normativa comunitaria. El eurodiputado de Ciudadanos y ex presidente de Baleares Juan Ramón Bauzá hizo una pregunta parlamentaria por escrito a la Comisión Europea en la que señalaba la idea del Gobierno balear.

Apuntan a la líder del PP de Andalucía, Mª de la Paz Fernández, en una investigación en curso de la UDEF. La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, del Partido Popular, ha sido señalada en un presunto caso de cobro de comisiones en dinero negro. Concretamente, este cobro de 'mordidas’ se habrían llevado a cabo a través de la emisión de facturas falsas desde España a un país tercero para sacar el dinero de este país y poder pagar comisiones en efectivo a la propia alcaldesa y a otros concejales actuales de la localidad andaluza de Ronda.

Según el texto adoptado, todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnologías solares antes de 2028 –frente a 2030 que propuso la Comisión–, siempre que sean técnicamente adecuados y económicamente viables, mientras que los edificios residenciales que sean objeto de reformas importantes tendrán de plazo hasta 2032. Además, todos los edificios nuevos deberán ser de emisiones cero a partir de 2028, y los edificios nuevos ocupados, explotados o propiedad de autoridades públicas, a partir de 2026.

El PSOE y sus socios de Gobierno siguen perfilando la Ley por el Derecho a la Vivienda -ya en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados- con la intención de aprobarla en las próximas semanas. Una de las últimas medidas que se está debatiendo es la de prohibir a las agencias inmobiliarias que cobren honorarios a los inquilinos por el servicio de gestión de alquiler. En su lugar, quieren que sean los propietarios los que asuman ese coste.

Las respectivas disputas que PP y Vox han mantenido a lo largo de este año en Madrid han culminado en un divorcio sorpresivo en la Comunidad y en una ruptura anunciada en el Ayuntamiento. De manera que tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tendrán que prorrogar sus presupuestos para 2023. Algo que, en la práctica, les supone 3.135 millones menos de euros de lo calculado inicialmente. 2.705 a la primera y 430 al segundo.