Más de 1500 días lleva paralizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación que mantiene enfrentados al PP y PSOE, pero que también parece estar a punto de enfrentar de nuevo a los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y es que, ante las presiones recibidas para intentar «forzar» esta renovación, los vocales más «socialistas» del CGPJ, como Álvaro Cuesta, parecen resistirse a abandonar el cargo (y los 7.500 euros de remuneración)

La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez ha presentado su dimisión como miembro del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018 y no ha podido renovarse por el rechazo del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE. Sáez, propuesta en 2013 por IU para formar miembro del CGPJ, comunicó su renuncia al presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo, mediante una carta enviada el pasado 13 de marzo.

Explica a la delegación que la reforma que se prepara no impedirá que sigan las revisiones y que ya ha habido 522 rebajas de condenas firmes, incluyendo 52 excarcelaciones anticipadas.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales, un vestigio del franquismo que aún condiciona la democracia 47 años después de la muerte del dictador, tendrá que seguir esperando. Algunas fuentes gubernamentales alegan que en los meses que quedan hasta las elecciones generales, previstas para final de año, no hay tiempo para tramitarla y que el Gobierno tiene otras prioridades para la recta finalde la legislatura. Otras fuentes del Ejecutivo sostienen, por su parte, que aún sería posible sacarla adelante, pero reconocen que no hay fecha...

El enésimo intento del PP de buscar el apoyo de la Comisión Europea para forzar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a renunciar al modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se topó este miércoles en Estrasburgo, una vez más, con el criterio del comisario de Justicia, Didier Reynders. El representante de la Comisión dejó claro al Partido Popular, otra vez, que la prioridad es que los de Alberto Núñez Feijóo pongan fin al bloqueo al que somete la renovación de este organismo desde hace cuatro años

Al analizar la actitud de Feijóo suelen citarse diversos factores: la presión de un sector de la derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso o su propio deseo de mantener un CGPJ afín. Sin embargo, Feijóo tiene un incentivo más, a menudo inadvertido: complacer a sus votantes. O no cabrearlos. No sólo a los militantes del PP, sino a su propia base electoral.

España acudirá a las urnas a finales de 2023 en un principio, momento en el que asumirá por quinta vez la presidencia de turno de la Unión Europea. Génova empieza a urdir su respuesta contra una pata clave en la estrategia de Pedro Sánchez para la futura campaña electoral y elevará a la UE su proposición de ley orgánica para la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un plan que, sin embargo, ocultará las 25 excusas que el Partido Popular ha puesto desde 2020, en tiempos de regencia de Pablo Casado.

A finales de octubre, el PP volvió a romper un acuerdo que estaba prácticamente cerrado con el Gobierno para renovar el órgano por los planes de la Moncloa para reformar el delito de sedición

Los populares no van a marcar tampoco en lo personal este 2022 como uno de los mejores, ya que este ha puesto de manifiesto una crisis interna sin precedentes en las siglas azules, ha sacado de sus filas al que fuera su líder con acusaciones de espionaje de por medio y ha encumbrado a un nuevo presidente bajo la promesa de "renovar" el partido que nunca se produjo. Todo bajo las presiones internas encarnadas por Isabel Díaz Ayuso, quien -tras provocar la salida de Pablo Casado- sigue marcando el paso a la cúpula nacional.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, afirma ante la prensa que no se ha renovado el CGPJ porque el gobierno no quiere

La respuesta es que de momento este tema no está en la agenda. La prioridad es renovar el TC ante las maniobras de la derecha política, judicial y mediática. Este órgano tiene muchos recursos pendientes que han sido interpuestos por PP o Vox y que podrían resolverse en el año electoral.

Pascual Sala,Presidente del Constitucional las rechaza. El Presidente del Congreso,José Bono pone un plazo a PSOE y PP para acabar con el bloqueo.Aquí Soraya Sáenz de Santamaría "prometiendo" que van hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Sabe que es mentira,quedan unos meses para las elecciones donde tienen asegurada la mayoría absoluta y recuperar la mayoría conservadora en el Poder Judicial.El gobierno de Zapatero también da por hecho que la renovación no se va a producir en esta legislatura.

Se hará mediante proposición de ley para acortar tiempos y sin necesidad de incorporar informes de órganos consultivos. Esta nueva proposición de ley podría registrarse esta misma semana, aunque depende del acuerdo al que lleguen los distintos grupos parlamentarios.El objetivo es habilitar el Congreso durante el mes de enero ―en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria― para sacarla adelante lo antes posible.

Que dice Ana Rosa Quintana que el PP no lleva sin renovar el CGPJ 4 años, que ahora es otro PP, que Feijóo lo intentó pero que si la sedición y bla bla, que morro tienen.

Denuncian afectación de la independencia judicial por las últimas reformas legislativas y piden la imposición de sanciones

La obligación de tomar la iniciativa para la renovación del CGPJ recae sobre los Presidentes del Congreso y del Senado. Asumimos como normal que esa obligación sea un mero formalismo que sólo venga a formalizar el reparto de cromos (vocales) acordado entre los partidos. Pero el TC en la S 108/1986 dejó muy claro que ese intercambio es INCONSTITUCIONAL.

Breve hilo de Twitter que explica cómo Zapatero cambió el sistema de elección de los miembros del TC por parte del CGPJ para que en lugar de ser escogidos por mayoría simple se escogiesen por 3/5. Y cómo los miembros del PP llevaron la reforma al TC, así como los argumentos que estos esgrimieron para ello.

Asegura que la falta de consentimiento de los padres para la interrupción del embarazo en menores de 16 y 17 años pone en riesgo la patria potestad y cuestiona las bajas por menstruación. La propuesta de informe al anteproyecto, de la que han sido ponentes las vocales Roser Bach (Juezas y Jueces por la Democracia) y Ángeles Carmona ( Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género) , se muestra crítico con varias partes esenciales de la ley.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, pone una vela al CGPJ para que haga sus nombramientos porque, sin ellos, será él quien tendrá que asumir con su voto la decisión de rechazar a los dos magistrados designados por el Gobierno.

"El Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque tiene mayoría en el órgano de gobierno de los jueces, esos vocales del PP impiden la renovación del Tribunal Constitucional donde también hay mayoría conservadora y la mayoría del PP en el tribunal de garantías impide que los dos magistrados elegidos a propuesta del Gobierno tomen posesión".

Pedro Sánchez ha elegido a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. El Consejo de Ministros realizará los nombramientos previsiblemente este martes.