La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso está pagando facturas recientes y antiguas a proveedores con un sistema excepcional, las llamadas “convalidaciones de gasto”, a un nivel no conocido en otras autonomías. Entre 2020 y 2023 Ayuso pagó bajo esta fórmula al menos 2.004 millones de euros, gran parte de ellos a las empresas de sanidad privada que prestan servicios en la pública a través de los hospitales y servicios concertados. Solo la Administración General del Estado alcanza cifras totales similares a las de Madrid...

Desde 2019 la Consejería de Sanidad no se reunía con el Grupo Quirón Salud, principal pagador del novio de la presidenta, pero en noviembre de 2023 celebró una reunión sobre cuyo contenido ahora se niega a informar en la Asamblea de Madrid.

La Comunidad de Madrid y el PP maniobran para intentar desmontar lo que la ministra de Sanidad, Mónica García, describe como un “triángulo amoroso” formado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; su pareja, Alberto González Amador; y el grupo sanitario Quirón, que recibe miles de millones de la Administración y a su vez es el principal cliente de la empresa del comisionista.

La filial de Quirón obtuvo 1,8 millones en contratos entre 2017 y 2020. Desde que González Amador inició su relación con la presidenta, la empresa sanitaria recibió casi 3 millones entre adjudicaciones y prórrogas. A medida que fueron creciendo los contratos entre Quirón Prevención y la Comunidad de Madrid, González Amador ha multiplicado por cuatro los ingresos que recibe de la filial de Quirón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha censurado las leyes “antimemoria y de la discordia” de los gobiernos “reaccionarios” de PP y Vox que “equiparan la democracia con la dictadura” y despiertan “la indignación de todos”. Ante ello, ha asegurado que defenderán en España y en Europa “la dignidad de las víctimas del franquismo” y denunciarán “la banalización de la dictadura”.

El Ministerio de Sanidad aprueba este viernes su borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, de donde ha eliminado la prohibición de fumar en espacios privados. Eso sí, se mantiene la medida de incrementar los lugares "de uso público o colectivo" donde se prohibirán el tabaco, los cigarrillos electrónicos y "productos relacionados".

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, elegido a su vez por el PP como representante del partido en la comisión de mascarillas, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia. La prórroga para ampliar la investigación que afecta a Bendodo hasta este mes de mayo se firmó el pasado diciembre.

Es el mensaje que el vicepresidente del gobierno de VOX, Alejandro Nolasco, envía a Pedro Sánchez después de que el Gobierno central haya decidido llevar a instancias europeas el recurso contra la derogación de la ley de Memoria Democrática

El vicepresidente de la Junta de Castilla de Castilla y León apuesta por su Ley de Concordia, que elimina la condena de la dictadura franquista que aparecía hasta 13 veces en el decreto de memoria democrática que aprobó el PP en 2018

El 4 de enero de 2024 registramos una ILP para derogar la Ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia. A principios de febrero, la Mesa del Congreso la admitió a trámite y ahora disponemos de nueve meses de plazo para reunir un total de 500.000 firmas con el fin de que se pueda iniciar su tramitación en la Cámara del Congreso de los Diputados.

Vox se ha apuntado una victoria clave para su discurso político. Los Gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas han acelerado la derogación de las leyes de memoria histórica y democrática, tal y como exigió la formación ultraconservadora en la firma de los pactos, e impulsado los textos alternativos. En Aragón y la Comunidad Valenciana ya es un hecho, mientras que en Castilla y León presentaron esta semana su Ley de Concordia. Extremadura y Baleares serán los siguientes

Denuncian que la Xunta de Galicia miente sobre la cantidad de contratos que firmó con la empresa Sibucu 360 durante la pandemia, resucitando las dudas sobre la transparencia del proceso entre las partes. Fuentes consultadas lamentan que la administración gallega cerró acuerdos antes de lo indicado, mientras la Xunta y la firma defienden que el proceso entre las partes fue transparente

La estrategia discursiva empleada es diluir la reparación hacia las víctimas de la represión franquista equiparando su condición con la de “todas las víctimas de la violencia política desde 1931 hasta la actualidad”. En el segundo párrafo de la propuesta valenciana, se dice textualmente que “España ha vivido etapas muy convulsas, como la Segunda República, la Guerra Civil, una dictadura (nota del autor: sin apellido y en minúscula) y el azote del terrorismo etarra e islámico”. Cambian el concepto de “memoria democrática” por el de “concordia"

El PNV intenta, una vez más, lograr una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que desde 1968 mantiene ocultos asuntos que son de interés público.

Más Madrid denuncia que la Mesa de la Asamblea de Madrid está rechazando, "sin motivo", todas las preguntas destinadas para ser respondidas tanto en el Pleno como en la Comisión de Sanidad acerca de todos los asuntos que tienen que ver con QuirónSalud.“Hay una opacidad histórica del convenio con Quirón, que ha tenido un fuerte trato de favor durante todos estos años mientras se deterioraba a propósito la sanidad madrileña"

La empresa Eulen, capitaneada en el norte del Estado por Micaela Núñez Feijóo, se llevó 1.311 contratos adjudicados sin concurso por un valor total de 4.832.029,85 euros repartidos entre todas las administraciones dependientes del Gobierno gallego.

El atentado fue ampliamente seguido por los medios de comunicación de todo el mundo, pero un detalle importante, aunque sumamente embarazoso para las autoridades españolas, pasó prácticamente desapercibido. Durante el periodo en que preparó y ejecutó la masacre, Lamari tendría que haber estado encerrado. Había sido detenido y encarcelado por terrorismo en 1997 y, cuatro años más tarde, juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional a un total de 14 años de prisión. Sus abogados apelaron al Tribunal Supremo. Al año siguiente, su recurso aún...

Una iniciativa ciudadana pretende que el Congreso derogue la ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. "Nos encontramos en el mejor escenario", explica Aida Gascón, activista animalista y portavoz de la ILP, en conversación con Público: "Estamos al principio de una legislatura [en referencia a que, salvo giro inesperado, no se disolverán las Cortes próximamente y, por tanto, no decaerán los procesos legislativos] y tenemos un Gobierno que da mucho poder a lo territorial".