La Justicia, lo sabemos e incluso admitimos todos, no puede ser neutral cuando tiene ideología, cuando hablamos tranquilamente de jueces progresistas y conservadores, y la siguiente pregunta cae por su propio peso: ¿puede ser independiente lo que no es imparcial?. La respuesta también parece obvia.

En abril de 1971, cuando apenas tenían 17 años, los gemelos Maribel y Josep Ferrándiz (Barcelona, 1954) fueron detenidos por agentes de la temible Brigada Político-Social de la policía franquista. Les esperaban 32 días de detención y torturas en la Jefatura de la Via Laietana, zona cero de la represión de la dictadura en la capital catalana, y después un año de prisión. Las humillaciones y los golpes no los tumbaron y, de hecho, cinco décadas más tarde mantienen los ideales y su compromiso de lucha por una sociedad más justa.

La Audiencia Provincial debe readmitir a los diputados murcianos que fueron expulsados en junio de 2020 por quitar de las cuentas bancarias de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Javier Ortega Smith

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habría recuperado del desgaste que suponen la negociación y los primeros trámites de la ley de Amnistía

Tampoco la causa en Andorra sobre los movimientos en el principado de la brigada política, que algunos afectados vieron con esperanza, ha prosperado, aunque sigue abierta y con Mariano Rajoy imputado. La razón de la parálisis también estriba en la Justicia española: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó a finales de 2022 el recurso del expresidente y paralizó la tramitación de la comisión rogatoria que envió la jueza andorrana.

Estima la demanda de amparo del líder de EH Bildu contra la decisión del Supremo de volver a juzgarlo por el caso Bateragune.

El 3 de enero de 2024 se cumplieron 45 años de la firma de los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, y apenas 5 días más de la entrada en vigor de la Constitución hoy vigente, el 29 de diciembre de 1978. Con motivo de esta efeméride, quiero mostrar cómo la pervivencia de esos Acuerdos y, en definitiva, de la situación de confesionalidad de hecho del Estado español, contraviene la denominada “memoria histórica” o “memoria democrática”.

2024 ha traído un nuevo partido político bajo el brazo. Se llama Izquierda Española, rezuma Rosadiezismo en estado puro y huele a UPyD y Ciudadanos. Dicen sus promotores que son de izquierdas y antinacionalistas. Porque nacionalista, lo que se dice nacionalista, siempre es el otro. En cuanto a su definición "de izquierdas", las dudas han surgido desde el minuto uno.

El fundador del reciente partido "Izquierda Española", el abogado Guillermo del Valle, del entorno de UPyD, asegura que quiere “eliminar los privilegios concedidos a los nacionalistas [periféricos] y revisar el modelo territorial”, porque “los nacionalistas son lo opuesto a la solidaridad”. La prensa de derechas saluda con buenas palabras este nuevo partido "no nacionalista", que de tanto alejarse del nacionalismo periférico huele a nacionalismo centralista, y que pese a decirse de izquierdas, es un artefacto que apoya a las derechas.

Hasta la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática, los fiscales tenían orden de oponerse a cualquier investigación en torno a los crímenes del franquismo. La judicatura también archivaba los casos, a pesar de tratarse de crímenes de lesa humanidad.

¿Qué clase de régimen y judicatura tenemos en el Estado español que es el único de los que han vivido regímenes dictatoriales o fascistas similares (Alemania, Italia, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, Sudáfrica…) en el que esta normativa internacional no se aplica y las puertas de la justicia siguen estando cerradas para los crímenes del franquismo?

"En España todavía hay una negación de que hubo una represión", defiende en una entrevista la responsable del Equipo Argentino de Antropología Forense que identificó a 117 soldados argentinos enterrados en Las Malvinas. Lamenta que las autoridades españolas sean reacias a autorizar a las familias a buscar a sus parientes fallecidos durante el franquismo.

A comienzos de 2024 comenzará a funcionar el Banco Estatal de ADN para la identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura.

El alegato considera que la norma implica una "desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes". El objetivo es obtener la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU por constituir "el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la su

660 millones € públicos costará el megaproyecto fallido de Esperanza Aguirre de 'Ciudad de la Justicia' que ahora recupera Ayuso. PP Madrid "dilapidó", "tiró a la basura" 350 millones € públicos (el dinero no está ni en basura ni dilapidado. Ya sabéis dónde).

Discurso de Íñigo Errejón (Sumar) en el Congreso de los Diputados sobre el reparto del poder en España.