El sábado, publicó en Truth Social: “¿De verdad alguien cree que perdí en Georgia? YO NO”.A la expectativa de la acusación de Georgia, el personal de campaña de Trump emitió un comunicado hace una semana, donde se aseguraba que los fiscales estaban "quitándole al presidente Trump el derecho a la libertad de expresión que le otorga la Primera Enmienda, así como el derecho a cuestionar el arreglo y robo de las elecciones, algo que están acostumbrados a hacer los demócratas”.

El Gobierno reconoce que subirá hasta 9 puntos los impuestos al trabajo. Más o menos, podemos plantear una horquilla de los 55.000-60.000 a los 120.000 euros. Los que queden fueran de esos tramos, por arriba o por abajo, también pagarán más que ahora, por supuesto; pero el palo será menor para ellos [...] el claro perdedor: los que, sin ser millonarios ni mucho menos, tienen salarios bastante elevados. Personal cualificado, pequeños empresarios, profesionales liberales...

_{(El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres)}

Si se adoptaran políticas similares a las aplicadas por la derecha extremeña a nivel estatal, podríamos anticipar una serie de consecuencias preocupantes. Primero, la brecha entre ricos y pobres probablemente se ampliaría, erosionando la clase media y aumentando las tensiones sociales. Segundo, una disminución en la inversión en servicios públicos podría resultar en una menor calidad en la educación, la atención médica y otros servicios esenciales, lo que afectaría la movilidad social y disminuiría las oportunidades para los menos afortunados.

El Ministro de Finanzas ha advertido de que el impulso de Bruselas para que los edificios de todo el bloque sean más eficientes energéticamente amenazaría la "paz social".

Los Estados, dentro de sus presupuestos, incluyen un apartado de gasto para los costes puramente operativos de los gobiernos. Estos son los gastos públicos en los bienes y servicios que utiliza el Ejecutivo. Dicha partida incluye la compensación de los empleados públicos (es decir, los salarios). En nuestro país se destinó en 2021 el 51,7% del total del gasto en los salarios de funcionarios y personal contratado, 8,5 puntos porcentuales por encima de la OCDE, que utiliza el 43,2% del total.