El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, cambió el tono este martes para referirse a la amnistía que el PSOE ha acordado con ERC y Junts para allanar la investidura de Pedro Sánchez después de que el lunes se mostrara un tanto sarcástico al respecto. Si el ayer Borrell ventiló la cuestión apuntando que "quienes saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso", hoy ha asegurado que la iniciativa busca "hacer borrón y cuenta nueva".

La cúpula del poder judicial español —dividido y caducado desde hace cinco años— ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía. Hay que tener en cuenta que este pronunciamiento forzado por magistrados colocados por el PP se produce cuando todavía no tienen en sus manos ninguna ley de amnistía, porque esta todavía no ha estado del todo pactada entre el PSOE y Junts per Catalunya; ni siquiera se ha presentado al Congreso de los Diputados ninguna proposición de ley para sacarla adelante.

Mientras Pedro Sánchez trabaja para conseguir el apoyo de Junts --después de haberse garantizado el voto favorable de ERC--, la derecha política, mediática y judicial ya ha iniciado su ofensiva para intentar boicotear la investidura del socialista. Y ahora también se ha sumado el mundo eclesiástico. Son diversas las personalidades de la Iglesia española que han decidido pronunciarse en las últimas horas para demonizar la amnistía para los líderes del procés, así como el independentismo, en términos más generales.

El Parlament ha dado el primer paso para acabar prohibiendo algunas de las fiestas taurinas que aún se celebran en Catalunya y que provocan más sufrimiento a los animales, como el “bou embolat”, los “bous capllaçats” o los “bous a la mar”. La propuesta de ley, promovida por una plataforma Prou Correbous y presentada en abril del año pasado conjuntamente por la CUP y En Comú Podem, iniciará ahora los trámites parlamentarios, tras una votación preliminar en el que el pleno ha dado luz verde a la tramitación y ha rechazado la enmienda de Vox

Un juzgado de Madrid ha reabierto una denuncia de varias familias de ancianos fallecidos en una residencia durante los peores días de la pandemia. Este caso apunta a lo más alto: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Enrique López, consejero de Justicia e Interior en 2020; y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad entonces.

En marzo de 2020 no existían cifras oficiales sobre cuántos ancianos morían en las residencias víctimas del coronavirus, pero las comunidades autónomas tenían claro que eran uno de los puntos negros del mapa de la enfermedad. Fueron los días en los que los militares entraron en los geriátricos para encontrar ancianos conviviendo con cadáveres, y también los días en los que la Comunidad de Madrid distribuyó unos protocolos que impidieron la hospitalización de miles de personas mayores que acabaron muriendo en las residencias sin acceso a un resp

Por primera vez un juzgado de instrucción ordena la investigación de Ayuso por los “protocolos de la vergüenza”, que condicionaron el traslado de residentes enfermos en función de sus características físicas o cognitivas.

El Parlamento reclamará al Congreso que los delitos de pederastia nunca prescriban. Todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, quieren cambiar en el código penal la ley de protección al menor, aprobada hace sólo dos años en el Parlament de Catalunya. Son seis meses de trabajo, donde se han escuchado a más de treinta testigos de víctimas de abusos sexuales cuando eran menores, la mayoría de los grupos políticos han visto legítima la petición que les han hecho todas las víctimas. Reclaman el fin de la impunidad para este tipo de delitos.

El éxito de Aliança Catalana en Ripoll ha despertado alertas a propósito de la aparición de una "extrema derecha" catalanista, más o menos equivalente al españolista que representa a Vox en el conjunto del Estado.

Las posibles negociaciones con Junts per Catalunya para consensuar una investidura siguen dominando la agenda política. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto.

Los votos de Catalunya y Euskadi han resultado fundamentales para evitar que Vox entre en el Consejo de Ministros. Si se descuentan los escaños correspondientes a estas dos Comunidades (71 en total; 48 en Catalunya y 23 Euskadi), el resultado en esa Cámara Baja de 279 escaños en total sería de 159 frente a 120, y Feijóo estaría a punto de convertirse presidente del Gobierno con Vox en su Ejecutivo. Es decir, la derecha y la extrema derecha tendrían mayoría absoluta sin contar los votos de catalanes y vascos.