El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial estaba hecho la semana pasada. Por fin. Después de cuatro años de bloqueo inconstitucional de los populares. Pero el jueves El Mundo le deja este recadito en su portada: “El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del CGPJ”. Es la cabeza de caballo ensangrentada en la cama de Feijóo. La misma mañana Losantos le manda una bala en su homilía diaria. Queda claro que quien dirige la oposición no es su líder sino la Caverna.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, o Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, entre otros barones del PP, terminaron por convencer a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, para que no llegara a un acuerdo con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. El líder del PP, que se desplazó este jueves a Santander para pronunciar una conferencia en el Foro Global Youth Leadership, mantuvo

Según Ayuso, "solo hay algo más peligroso y dañino que un Tezanos que arremete contra el necesario líder de la oposición y fabrica mensajes todos los días contra él para que lo repliquen los ministros sin pudor alguno y es llenar el Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces". Ha afirmado que "el activismo está destrozando la credibilidad de uno de los mejores sistemas judiciales del mundo".

La separación de poderes del Estado es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático y consiste en que cada uno de ellos, ejecutivo, legislativo y judicial, debe ser ejercido por órganos distintos, los cuales, además, se relacionan entre sí a través de un sistema de controles y equilibrios que garantice que ninguno ostenta un poder absoluto ni arbitrario.

Lo mismo que hay un Gordo de Navidad, hay un Gordo judicial, si bien con la particularidad de que es un Gordo inverso que consiste en que no te toque nada pese a llevar muchas más papeletas que el batallón de subordinados tuyos a los que, en cambio, sí puede que les toque la pedrea de unos cuantos años de cárcel. Esperanza Aguirre es una mujer con suerte, aunque la suya sea una suerte bajo sospecha de tongo.

El PP y el PSOE pactaron en 2018 una lista donde tres de los ocho juristas habían sido cargos de ambos partidos. Sánchez asume que el “criterio de idoneidad” no será el problema y exige al líder popular que vuelva “a la senda constitucional”

Reynders se reunió con Pons y no con el Ejecutivo antes de viajar a España, algo que La Moncloa ve como una prueba de parcialidad que inutiliza cualquier papel mediador del comisario.

Veteranos comisarios de policía a las órdenes del Gobierno del PP comenzaron el 12 de septiembre de 2012 a elaborar informes anónimos salpicados de pruebas falsas para desacreditar con gruesas acusaciones de corrupción a los principales políticos independentistas, a varios editores de periódicos, a jueces y a fiscales de Cataluña.

"El Estado se divide en tres poderes: el ejecutivo (Gobierno), el legislativo (Parlamento) y el judicial (jueces). Sí, has leído bien: el poder judicial lo detentan los jueces. Cada uno de los 5.692 jueces SOMOS poder judicial. (...) El CGPJ sería quien nos organiza (...) De todas las funciones que cumple hay dos que interesan especialmente a la clase política: régimen disciplinario (sanciones a los jueces) y nombramientos y ascensos de jueces. Esta última es en su mayor parte reglada (objetiva, por antigüedad) Pero una pequeña parte de estos"

El Gobierno no quiere presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y excusa que incumpla la ley al no designar hoy a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. El plazo de la norma que aprobaron las Cortes concluía el 13 de septiembre. En el Ejecutivo se muestran convencidos de que el órgano de gobierno de los jueces hará su designación “en los próximos días” y minimizan el hecho de que esté saltándose la ley desde este mismo martes. “El Gobierno no contempla otro escenario que el órgano de gobierno de los jue...

El choque institucional entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones suma un nuevo episodio, este definitivo. Todo, a propósito de la frustrada elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces. El pleno extraordinario convocado este jueves para hacer esas designaciones acabó sin acuerdo. Los vocales ni siquiera llegaron a debatir sobre posibles candidatos en cuatro horas de reunión y se limitaron a fijar unas “reglas de procedimiento”.

Por su parte, el sector más conservador del Poder Judicial, que es mayoritario, mantiene el pulso al PSOE por la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) (dos tienen que ser nombrados por el Gobierno y 2 por el CGPJ). Esta renovación es vital, ya que cambiará la mayoría en el tribunal de garantías, con 7 magistrados progresistas y 5 conservadores, hecho que tendría que permitir al Gobierno que no se le tumben las leyes que aprueba.

El equipo de Feijóo se desvincula de los acuerdos por escrito firmados por García Egea, tacha de “marrullería política” esa negociación y asegura que hay que volver a “empezar de cero”.

[...] ha presentado este lunes una propuesta siempre y cuando el Gobierno retire la reforma legislativa que le permita hacer una sustitución unilateral de los jueces que les corresponden [...] ha hecho pública su visión para ejercer presión. Y en ella se detalla que la negociación para la renovación del CGPJ se llevará a cabo «en las Cortes Generales [,,,] una vez designados, los vocales del nuevo CGPJ serán los que elijan a su presidente, sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo.

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta tras la denuncia de PSOE, Mas Madrid y Podemos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por varios contratos de material sanitario. Éste es el último episodio de una serie de 20 casos ganados por Díaz Ayuso contra todos aquellos que han puesto en duda su gestión al frente de la Administración que lidera.

José Luis Roberto, presidente del grupo de extrema derecha España 2000, es el abogado de la menor.Tras haber sido bloqueado en la red social por Seguí, una cuenta vinculada al partido ultra abunda en la discusión: “Si nos estás acusando de algo, dilo abiertamente”. Y agrega: “Quien destapó todo esto fue José Luis, si no llega a ser por él hoy no habría caso, pero tú intentas arrojarte todo el mérito de forma ruin”. El líder ultra destaca además que su trabajo como letrado de la menor lo ha hecho gratuitamente e “incluso pagando el procurador”.

Isabel Díaz Ayuso colecciona polémicas y choques con Pedro Sánchez. También en los tribunales. La Comunidad de Madrid ha abierto hasta ocho procedimientos judiciales contra el Gobierno central en los dos últimos años, con la pandemia como punto de inflexión, con recursos que abarcan desde los cierres decretados por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia a los precios públicos universitarios. Una ofensiva con resultados dispares que esta semana sumó un nuevo frente a cuenta de los currículos de Bachillerato, ya admitida a trámite