La mayoritaria Asociación 11M Afectados del Terrorismo no recibió subvenciones del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid hasta doce años después de la matanza yihadista, mientras que otra entidad, con muchas víctimas menos y que se hizo eco de los postulados del PP, ha copado el grueso de las ayudas.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado febrero criticó el abuso que supone el alto número de funcionarios de la Administración Pública que siguen siendo interinos, e instó a hacerlos fijos, pero el ministro de Función Pública, José Luís Escrivá, pidió esperar a que los tribunales españoles interpretaran la directiva.

En teoría, será voluntaria y agilizará procesos burocráticos. Pero el riesgo de hackeo y la discriminación de personas que no la tengan están en la otra cara de la moneda.

Rescatan el caso que salpicó al ahora líder del PP durante su estancia en la presidencia gallega y que tiene que ver con la venta de material por parte de Sibucu 360. La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) acudirá “en los próximos días” ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Audiencia Nacional contra Alberto Núñez Feijóo por poner a la venta “mascarillas falsificadas”.

Cuando Josep Borrell se convirtió en jefe de la diplomacia europea, faltaba más de un año para la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin, y casi cuatro años para la matanza de Israel en Gaza desatada tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre pasado. Desde diciembre de 2019 hasta ahora el mundo, además, ha sufrido una pandemia global. “A fame, peste et bello libera nos Domine”, decía una vieja jaculatoria medieval que parece muy presente en estos momentos del siglo XXI.

A día de hoy, la anulación de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont es la única victoria de los tribunales nacionales frente a las decisiones que desde Alemania, Escocia o Italia han cuestionado los frentes internacionales del proceso judicial. Varias incógnitas sobrevuelan el final de todas esas ramificaciones del procés: la acusación por terrorismo contra Puigdemont, su extradición y la ley de amnistía.

El PSOE ha enviado este jueves a la Comisión Europea una carta en la que informa del cambio de posición de Alberto Núñez Feijóo sobre Carles Puigdemont. En la misiva, asegura en Bruselas que el líder del PP se abre ahora a un "plan de reconciliación" con el independentismo catalán. Concretamente, se hacen eco del off the record que Feijóo tuvo con algunos periodistas en Galicia, en el que admitió que estuvo dispuesto a conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont, que estuvo estudiando durante 24 horas una ley de amnistía...

La apología nacionalsocialista sale gratis. De momento no hay marco legal en España que permita prohibir las actividades de una asociación que se declara nacionalsocialista, coloca imágenes del genocida Adolf Hitler en sus eventos y promueve actos destinados a recordar a las principales figuras del nazismo. Devenir Europeo celebró actos de adoctrinamiento y difundió propaganda hitleriana en distintas localidades a lo largo del año pasado. El grupo cuenta con registro legal desde 2008 como entidad de carácter "histórico".

Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la declaración propuesta por los vocales conservadores instaba directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a evitar “críticas desmedidas” de los parlamentarios a jueces y magistrados, al tiempo que llamaba al Gobierno a la “contención”, todo ello para “no socavar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Una investigación transnacional revela que un cuarto de los miembros del Parlamento Europeo han protagonizado escándalos o casos de conducta indebida durante su trayectoria. Hermann Tertsch ha sido declarado culpable dos veces por vulneración del derecho al honor, por acusaciones contra familiares del ex vicepresidente Pablo Iglesias. El eurodiputado de Vox es el único miembro español del Parlamento Europeo que ha sido condenado por los tribunales, pero hay más, concretamente once, que han tenido conductas indebidas o escándalos en su historial

Esa trama rusa ya tuvo un breve recorrido judicial en la Audiencia Nacional hace unos años. Fue archivada en julio de 2020 al no encontrarse indicios mínimos de delito. El fiscal reprochó a la Comisaría General de Información que sólo aportara el testimonio de un confidente y enlaces a artículos de medios de comunicación. Los policías debieron de quedarse muy sorprendidos porque el método utilizado –filtrar la noticia a un medio amigo y luego ir al juez para que iniciara una investigación calentada por los titulares– les había funcionado ...

El diputado de Sumar, Gerardo Pisarello en la Comisión de Justicia ha sido implacable al definir la trayectoria del juez García Castellón y su afinidad por el PP

El eurodiputado de Vox ha negado la “catástrofe ecológica” causada por la 'marea de pellets', pero la portuguesa Marisa Matías, del Bloco de Esquerda, le ha afeado que haya dado "una demostración tan clara de desprecio por las personas y por su sufrimiento".

Nos piden, o más bien nos exigen, los jueces que seamos correctas, que les tratemos con el decoro debido a su puesto y distinguida presunción de honorabilidad…

Este convenio era el segundo lote de un contrato inicialmente formado por tres, cuyo presupuesto base de licitación era de 4,4 millones –sin impuestos–, que habrían de repartirse entre las zonas noroeste de la provincia (lote 1), sureste (lote 2) y la zona Madrid-capital (lote 3).La adjudicación de los lotes 1 y 3 se llevó a cabo ocho meses después de la publicación del contrato, en abril y mayo del año siguiente. El lote 2, destinado a proveer los servicios de capacitación laboral en la zona sureste de Madrid quedó, sin embargo, desierto.

El delegado de la organización EFQM explica que la credencial no significa que la Comunidad tenga los mejores centros de salud: “Sería una exageración tremenda”

La malversación es el principal escollo que ve la Unión Europea en la ley de amnistía, algo que el PP no tiene en cuenta a la hora de enmendarla. Lo realmente llamativo es que el PP no proponga aumentar las penas por malversación, una cuestión que llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23J y que ha sido una de sus principales consignas políticas durante el pasado año. Y es que Bruselas plantea, precisamente, reformar el delito de malversación para endurecer las penas, pero ni el PSOE, ni el PP parecen tomar cartas en el asunto