Las incoherencias en el origen de la investigación que instruye el juez Manuel García Castellón junto con el fiscal anticorrupción Carlos Yáñez, ya fueron explicadas por Crónica Libre. Pero aquí no acaba el cúmulo de despropósitos de la operación Lezo, que ha acabado con la vida política del expresidente del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que sin embargo, no está cuajando judicialmente -está siendo exonerado en la mayoría de las piezas-, aunque está dejando un reguero de perjudicados con poca base inculpatoria, se

María Ángeles Túnez ha sido citada a declarar ante el juez el próximo 16 de octubre por un presunto delito de prevaricación. La macrogranja alberga 1888 cerdas reproductoras, no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.

El Tribunal de Cuentas está investigando a Puertos del Estado por el posible sobresueldo irregular a una exdirectiva de la entidad pública que coordina el sistema portuario de titularidad estatal. El órgano fiscalizador ha abierto diligencias a José Llorca, presidente de Puertos durante el último Ejecutivo del PP, y a sus dos sucesores en el cargo ya con Pedro Sánchez en Moncloa, Ornella Chacón y Salvador de la Encina.

Los presupuestos del Estado de 2023 dispararon la partida para el Ministerio de Defensa en un 26%, pero este notable aumento no habría sido suficiente. Durante el primer semestre del año, el consejo de ministros ha ido inflando más el techo de gasto hasta otros 1.800 millones sin aval parlamentario, según los informes de ejecución del propio Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el presupuesto actual de Defensa ya duplica el que logró hace tan sólo siete años -con todas modificaciones incluidas durante el ejercicio-.

La socialista María Gámez, recién dimitida como directora de la Guardia Civil, adquirió un segundo piso en Málaga abonando su importe al contado. El pago de este nuevo inmueble, ubicado en Málaga, coincide con los ingresos de 3,1 millones de euros de su marido que hoy está investigando un juez. El Debate publicó ayer en exclusiva que Gámez se compró un ático dúplex en la misma ciudad el año en que su cónyuge había cobrado subvenciones públicas procedentes de los ERE de Andalucía.

La directora de la Guardia Civil hasta este miércoles, María Gámez, adquirió un ático dúplex valorado en un millón de euros en una playa de Málaga junto a su marido el año que éste cobró ayudas públicas irregulares. En la actualidad, el marido de Gámez está siendo investigado en una causa judicial derivada de la trama de corrupción de los ERE de Andalucía donde la Policía busca el rastro de 1,3 millones de euros desviados ilegalmente, cantidad que se acerca al valor del inmueble.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón que vuelva a imputar a la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar en el caso Púnica junto a otros tres ex cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre al considerar que el archivo para todos ellos, decretado el pasado mes de octubre, se produjo de manera incorrecta.

La Audiencia Provincial ha condenado al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros, y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se le considera autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad.