Hasta ahora el límite se situaba en 700.000 euros sin contar el valor de la vivienda principal Era una de las exigencias de Vox y se produce justo después de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones Las islas dejarán de recaudar anualmente alrededor de 60 millones de euros, según los cálculos del Govern

La asociación ha tenido conocimiento de la falta de ejecución del llamado "Plan Vive", en el cuál Isabel Díaz Ayuso realizó la promesa que en el 2019 se construirían 25.000 viviendas, pero posteriormente bajó al número de 15.000 con fecha de entrega en el 2023 y que a día de hoy sigue sin cumplirse.

La nueva ministra de Vivienda apela a “proteger a los pequeños propietarios” con argumentos falsos, según los sindicatos de inquilinos, y con la intención de postergar aún más las medidas necesarias para que bajen los precios del alquiler.

Las instituciones, en colaboración con otros actores, son las que tienen que proveer de vivienda pública y asequible a la población.

Consumidores, agentes de la propiedad y sindicatos advierten del peligro de especulación en los precios que la iniciativa puede generar

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado, con motivo de la presentación de los que serán los segundos presupuestos de Ayuso en cinco años, la construcción de 4.000 viviendas del denominado ‘Plan Vive’ así como iniciar la construcción de otras 2.472 del mismo plan.

La dinámica se repite en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Amparándose en la ley de vivienda aprobada la pasada primavera, municipios gestionados por la izquierda solicitan a sus respectivos Ejecutivos autonómicos la declaración de zona tensionada de parte o la totalidad de sus ciudades, una condición imprescindible para poder controlar los galopantes encarecimientos de los precios de los alquileres. Pero sistemáticamente esos gobiernos en manos del PP –que junto a varias de sus comunidades ha recurrido la normativa ante el Tri

La construcción de vivienda asequible en Madrid parece encontrarse dificultades a cada paso que da. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, había prometido entregar 15.000 pisos entre 2019 y 2023, 25.000 en ocho años, pero todavía ninguna familia vive en uno de ellos. Muchos problemas ha debido encontrarse la Administración que este miércoles, cuando iba a reunirse con los ofertantes para la tercera fase del Plan Vive, se ha visto sorprendida por un inconveniente de índole informática que ha impedido que el encuentro se desarrollase con

La consellera de Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado una revisión del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) que afecta a los sectores de Torreblanca Golf, Sant Gregori Golf, playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela. El Pativel otorgó un plazo de 5 años para iniciar los obras que se cumplió el 12 de de mayo. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido...

Una comisión de estudio con presencia de los siete cabildos, los municipios y varios expertos se reunirá esta semana para debatir el texto de la nueva norma

Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid está a favor de que los jóvenes puedan entrar en discotecas y beber chupitos gratis, pero no a que tengan acceso a la vivienda para facilitar su emancipación. Así lo demostró con su voto en el Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de este jueves, del que es concejal de Equipo de Gobierno, por el que sólo por asistir cobró 1.200 euros.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid cambian, a propuesta del Ayuntamiento, el dictamen de un informe emitido solo un mes antes sobre cómo interpretar la nueva norma aprobada en mayo por el Gobierno de Sánchez, que obliga a dedicar mayor porcentaje de pisos protegidos en cualquier desarrollo urbanístico

El acceso a la vivienda en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso es una utopía para gran parte de la población. La inexistencia de leyes autonómicas que regulen los disparatados precios, la negativa a asumir las normas nacionales, la falta de vivienda pública y la negativa a pagar las ayudas destinadas al alquiler son los ingredientes del cóctel servido a los especuladores inmobiliarios. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha acudido al rescate de su presidenta, con la solución para acabar con el problema de vivienda en la ciudad: ri

El artículo 47 de la CE dice "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos." Pero... ¿Existe este derecho a la vivienda? Veamos la realidad del artículo 47 de la CE.

Si todo va según lo previsto, este mismo mes de agosto las 143 ciudades y pueblos que el Govern incluyó en su lista de municipios tensionados empezarán a serlo oficialmente. Y, en un giro de última hora -y, de nuevo, siempre que el Gobierno lo apruebe-, las personas que tengan en propiedad cinco o más viviendas pasarán a ser considerados 'grandes tenedores'.

El Gobierno de Iñigo Urkullu se alinea con el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y con el de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, ambos del PP, y ha anunciado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley estatal de vivienda. El argumentario es similar al que ha empleado en los últimos meses el PNV, un partido que -a diferencia de EH Bildu- votó en contra en el Congreso de los Diputados y que ha criticado duramente el texto por “invasión competencial” durante la reciente campaña electoral.