El Senado de la República de México aprobó ayer sin discusión alguna una condena de 2 a 6 años de cárcel, y multa entre 1.000 y 2.000 UMA, para quienes hagan terapias de conversión sexual: a quienes realicen, promuevan, ejecuten, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que interfiera, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Las penas se duplicarán, llegando hasta los 12 años, si se realizan a menores, ancianos o discapacitados.
