Para ser más exactos lawfare es “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública de un adversario político”. Y eso, en este país, sólo lo está haciendo la extrema derecha. El Tribunal Supremo ha llamado la atención a Vox porque no hace más que presentar denuncias a la máxima instancia judicial, primero contra las negociaciones para la investidura parlamentaria de Pedro Sánchez, y, posteriormente, a la propia investidura.
