La corte de garantías ha rechazado el recurso de Vox contra una disposición adicional de la ley de Ingreso Mínimo Vital que prevé que las comunidades autónomas de régimen foral asuman, previa firma de un acuerdo con el Estado, la gestión y pago de dicha prestación en su territorio.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera “un cáncer del Estado de Derecho” en las actuales condiciones.

Feijóo: No existen antecedentes de que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo. Bastan 5 minutos en Google para comprobar que es mentira

Nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez: la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el servicio estatal de captación de familias interesadas en acoger a menores tutelados. Es una nueva batalla ante los jueces que se une a las que ya mantiene por el plan hidrológico del Tajo, la Ley de Vivienda, el reparto de ayudas europeas o los ingresos a cuenta de 2019, entre otros.

También plantea la modificación del artículo 56 de la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey y circunscribirla a sus funciones institucionales; así como del artículo 8 para eliminar la atribución a las Fuerzas Armadas de la función de "garantizar el ordenamiento constitucional y la integridad territorial de España", porque en una "democracia ambas cosas se tutelan por los tribunales de justicia". Otra de las reformas que propondrá es la eliminación del artículo 155 que permite intervenir las autonomías, porque la Constitución ya..

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

La situación en torno al Partido Popular (PP) y su postura sobre la deslealtad constitucional, en contraste con su comportamiento respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), refleja una notable ambivalencia y, sin ninguna duda, hipocresía en su enfoque político.Los populares por un lado proponen una legislación para proteger la Constitución, pero por otro, su acción (o inacción) en la renovación del CGPJ refleja una clara maniobra para proteger sus intereses políticos, incluso a costa de la salud institucional

La Carta Magna, que requiere mayorías muy extensas para su reforma, solo ha sufrido dos cambios desde su nacimiento: uno en 1992 y otro en 2011.

El Partido Popular está hasta el tejado de la sede de la calle Génova de que las cosas no le salgan bien, por eso se ha atrincherado en el Senado con su mayoría absoluta y este martes aprobó la reforma del artículo 133 del reglamento para alargar hasta el infinito y más allá, si pudieran, la aprobación de la propuesta de ley de amnistía del PSOE y sus socios parlamentarios, que según todos los portavoces consultados, tiene la mayoría absoluta asegurada y, por tanto, luz verde para su entrada en vigor.

"Esta izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió, esta izquierda constitucionalista que está a punto de ser eliminada de la faz del Partido Socialista Obrero Español debe unirse a nosotros para decir, oye si quieres hacer esto -la amnistía- en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez", ha señalado.

P: ¿Qué mensaje se daría si se amnistiara en una democracia? R: Un Estado constitucional estaría reconociendo que no es un Estado suficientemente democrático. Por eso piden los independentistas amnistía y no indulto, porque el Estado estaría diciendo de sí mismo que ha reprimido conductas democráticas y derechos fundamentales. Eso es una bomba de relojería bajo los cimientos de cualquier sistema constitucional. Por eso casi ninguna Constitución del mundo habilita la amnistía, porque es deslegitimar el Estado como Estado democrático.

Debe haber, de alguna manera, un compromiso fuerte entre PSOE, Junts y ERC frente a la amnistía, pues no será un hecho rápido y espontáneo. Será recurrida al TC. Recurrirá cualquier sitio con varios togados y que no sea una tuna.

"(...) es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa, es lo cierto que la Ley 1/1984 ni siquiera supone en sí misma manifestación del ejercicio del derecho de gracia, (...)el problema está en determinar si el legislador, que podía precisar ese régimen jurídico, pues no hay restricción constitucional directa sobre esta materia, no ha vulnerado con el contenido de la referida ley otras previsiones constitucionales."